Con la imposición de una multa de 1.000 pesos, la Seguridad del Estado cerró el expediente judicial abierto contra la periodista independiente Camila Acosta por supuestos "desórdenes públicos", acción represiva por el cual la reportera estuvo detenida durante cuatro días después de las protestas del 11J y sufrió vigilancia policial por más de cinco meses.
"Además de la multa, se hizo oficial la confiscación de varios bienes personales que me ocuparan el 12 de julio de 2021, luego de mi detención (…) En total, fueron dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash (algunas de ellas vacías), agendas de trabajo, libros, una blusa (...), 50 dólares y 20.000 pesos. Debo destacar que parte de estos bienes ni siquiera eran de mi propiedad, lo cual era fácilmente comprobable", refirió la periodista en un artículo en Cubanet, medio con el cual colabora.
Sobre el motivo que llevó a su detención —el haber salido a cubrir las protestas del 11 de julio— la periodista señaló que no se arrepiente "y lo volvería a hacer".
"Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente. Aceptar esta multa significa que, sin siquiera poder defenderme, acepto una medida arbitraria o que cometí ese supuesto delito, pero, por otro lado, representa que no tendré que llegar a tribunales, lo cual, conociendo las violaciones constantes que se cometen y el estado de indefensión total ante las leyes, es el menor de los males", explicó.
Acosta dijo que, aunque fue finalmente liberada, sufrió más de diez meses de hostigamiento constante "con la carga sicológica que ello representa, tanto en lo personal como para la familia y amigos".
En enero de este año, el medio digital procastrista Cubainformación sugirió en artículo —reproducido por el sitio oficial Cubadebate— que Acosta podía ser procesada por "promover un boicot al turismo a Cuba, como antes hiciera contra los servicios médicos internacionales".
El constante hostigamiento contra esta joven periodista ha sido condenado por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y el acceso a la libre información, como la Sociedad Interamericana de Prensa y Human Rigths Watch, que han exigido al Gobierno cubano que cese todo tipo de acción punitiva contra aquellos profesionales que reportan en medios fuera del control del Estado cubano.
No pudieron