Como parte de su iniciativa Cuba 11J, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba trabaja por la liberación de todos los presos políticos en el país. En este contexto hemos lanzado una propuesta de Proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso.
El Consejo para la Transición a la Democracia en Cuba está presidido por José Daniel Ferrer García, actualmente encarcelado y sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Ferrer es Coordinador Nacional de la UNPACU y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Fue declarado Prisionero de conciencia por Amnistía Internacional en 2003 y en 2021.
El Consejo está formado por 30 organizaciones de Cuba y del mundo y fue creado un mes antes de las protestas prodemocráticas del 11 de julio de 2021 como una institución capaz de aportar soluciones, propuestas, iniciativas y acciones para conducir a Cuba hacia un régimen de libertad y estado de derecho. Buscamos un cambio pacífico desde abajo, desde la ciudadanía.
La amnistía es un proceso legal por el que se condonan e indultan una serie de delitos, a efectos legales, no morales, en base a leyes que, como las que existen en países dictatoriales, son injustas y arbitrarias. Entre estos supuestos delitos están la rebelión, la sedición, la objeción de conciencia, los actos de expresión y opinión por cualquier medio.
Históricamente, una amnistía requiere el consentimiento de dos partes (los que se aferran al poder y los que luchan por la democracia). Se lleva a cabo cuando se desea iniciar una nueva etapa, la refundación de una nación, un cambio hacia la democracia o un proceso de paz en países en guerra. Ejemplos de países comunistas que llevaron a cabo leyes de amnistía son Polonia en 1984, con la liberación de los líderes de Solidaridad, y la antigua Unión Soviética en 1987, con la liberación de 150 presos políticos de un total de entre 500 y 2.000.
El 29 de marzo de 2016, la legítima Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que en su redacción se refería a la amnistía por actos realizados en el ejercicio de las libertades ciudadanas y con fines políticos a activistas, abogados y defensores de los Derechos Humanos entre el 1 de enero de 2000 y la entrada en vigor de dicha ley. Esta ley fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el régimen de Maduro.
Entiendo, como muchos en el Consejo, que en 63 años de castrismo nunca ha habido una Ley de Amnistía en Cuba. Entendemos el carácter inamovible del poder y su misión de sembrar el terror porque nunca el régimen ha enfrentado una protesta tan abrumadora, espontánea, de proporciones nacionales y representativa de amplios sectores de la sociedad cubana como la del 11J. También entendemos que no hay voluntad de cambio por parte de quienes se imponen en el poder para llevar a cabo una Ley de Amnistía como se ha visto en procesos similares al de Cuba.
Por tanto, esta iniciativa de Ley de Amnistía debe ser vista fundamentalmente como un mecanismo de presión ciudadana. La iniciativa busca las firmas de al menos 10.000 personas en Cuba (el número requerido por la constitución de 2019). Más allá de cumplir con un requisito legal que podría sentar un importante precedente, la iniciativa tiene como objetivo presionar con el apoyo protagónico del pueblo para que la dictadura libere a los presos políticos y a los injustamente encarcelados bajo la arbitraria ley de Peligrosidad o Estado Peligroso. Internacionalmente tiene más fuerza presionar a la dictadura de Cuba para que libere a los presos políticos con el respaldo de una iniciativa de Ley de Amnistía que sin ella. No es lo mismo hacer una petición sin el apoyo de miles de firmas de ciudadanos cubanos y con el recordatorio a la dictadura de que está incumpliendo su propia ley, que sin estos elementos.
El encarcelamiento por razones políticas y debido a leyes arbitrarias es probablemente el mayor drama humano que viven las familias cubanas en la actualidad. Desde 1959, se calcula que al menos medio millón de cubanos han sido encarcelados o detenidos arbitrariamente por motivos políticos. Cuba tiene hoy más de 1.167 presos políticos, 33 de los cuales son menores de edad. Comparativamente, Cuba tiene más presos políticos que Venezuela, Nicaragua, Irán y Rusia.
El Consejo actúa hoy en solidaridad con las madres y familiares de los presos políticos del 11J que en diciembre de 2021 hicieron una solicitud de Ley de Amnistía. También actúa en consonancia con una demanda histórica de varias generaciones de defensores de la democracia y las libertades en Cuba. En las últimas décadas varios grupos opositores prodemocráticos también han propuesto una Ley de Amnistía para los presos políticos. Iniciativas similares fueron llevadas a cabo por la oposición pacífica en Cuba, desde la Ley de Reencuentro Nacional de Oswaldo Paya, que tenía como componente esencial una Ley de Amnistía presentada al Parlamento cubano el 18 de diciembre de 2007, a la propuesta del Foro por Derechos y Libertades, que buscaba un propósito similar ante la Asamblea Nacional el 7 de julio de 2015.
Si bien el objetivo final al que aspiramos los cubanos es la instauración de la democracia en Cuba y la extirpación de todas las instituciones y leyes represivas de la dictadura, como activistas debemos ser sensibles al sufrimiento de las madres y familias ante la injusta y brutal condena de sus familiares. Si hay algo que nos une como amantes de la libertad, es la comprensión de que no puede haber transición a la democracia sin ese primer gran paso que se logra con la presión ciudadana y que comienza con la liberación de cientos de cubanos encarcelados por ejercer su derecho a la libre expresión y a la asociación pacífica, sometidos como en los casos de José Daniel Ferrer García, presidente de este Consejo, Félix Navarro, vicepresidente, Luis Manuel Otero Alcántara y muchos otros a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en brutales condenas de hasta 30 años de prisión. La amnistía también incluiría a las decenas de miles de presos encarcelados por "peligrosidad" que, sin haber cometido delito alguno, son llevados a prisión injustamente por "conducta contraria a las normas de la moral socialista."
