Al menos ocho cubanos se encuentran actualmente en prisión por participar en la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del pasado 15 de noviembre. De ellos, cuatro recibieron condenas de prisión en juicios sumarios, según denunció la activista Salomé García Bacallao, integrante de la agrupación Justicia 11J.
Los cubanos que fueron juzgados por su respuesta a la convocatoria realizada por el grupo Archipiélago fueron Fernando Vázquez Guerra, quien cumple una condena de un año y seis meses, Humberto Bello Lafita, sentenciado a un año, igual que José Hernández López, y Yosvany Daniel Ríos Cervantes, condenado a diez meses de prisión por llenar su casa de carteles en Cárdenas, Matanzas.
En los casos del profesor cubano Pedro Albert Sánchez y del activista José Eduardo Jardines Rodríguez, permanecen detenidos desde entonces a espera de juicio.
Otro cubano que ha tenido que pagar con el cautiverio su apoyo a la convocatoria del 15N es Roilán Zárraga, un integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) al cual le revocaron su libertad por una condena previa.
Por último, está Yudimar Barallobre Columbié, sobre quien no se han tenido actualizaciones recientes.
El caso de Pedro Albert Sánchez es especialmente delicado porque se trata de un hombre de 65 años de edad, paciente oncológico. En los cuatro meses que lleva en prisión se plantó varios días, lo que pudo agravar su salud.
Humberto Bello Lafita, integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), fue el primero de los cubanos condenados a prisión, pero no por su participación en la protesta, sino solo por mostrar su apoyo, ya que fue arrestado dos días antes, el 13 de noviembre.
Lafita fue acusado del delito de propagación de epidemias, dos días antes de que el Gobierno abriera las fronteras al turismo y dos meses después de que el régimen empezara a relajar las medidas anti Covid-19.
De acuerdo con un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Miami, el día 15 de noviembre de 2021 ocurrieron al menos 79 protestas en Cuba, a pesar de la narrativa que el régimen quiso imponer de que la convocatoria a manifestarse habría fracasado por falta de apoyo.
Al respecto, el informe aseguró que la manera de definir qué parte del conflicto salió victorioso en la pulseada del 15N no depende del "número de ciudadanos que salió a la calle en comparación con los que se manifestaron el 11 de julio, sino del número de efectivos militares, policiales, paramilitares y de recursos materiales que el Gobierno estimó imprescindible para poder conjurar un nuevo estallido social".
