El preso político cubano Andy García Lorenzo ha sido castigado con dos meses sin comunicación telefónica y amenazado por la policía política con añadir un cargo más a su expediente si continúa colaborando con una iniciativa de su familia para auxiliar con comida a otros detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio.
"Lo último que tenemos es que sancionaron a mi hermano Andy Dunier García Lorenzo a dos meses sin llamadas telefónicas por el hecho de darme datos sobre presos para nosotros, para a través del proyecto 'Ayuda a los Valientes del 11J' ayudarlos con los sacos", dijo Roxana García Lorenzo, hermana del detenido, en un grupo de prensa.
La joven recordó que su hermano se encuentra ahora en la prisión de máxima seguridad Guamajal, de Santa Clara, donde "están las personas que ya han sido juzgadas".
"Allí está recibiendo amenazas sobre que si sigue ayudando a los presos se le añadirá a su petición fiscal el delito de 'instigación a delinquir' y que será juzgado por lo que nosotros, su familia, hagamos acá fuera", añadió Roxana García.
Según sus declaraciones, "amenazan a todos los de su alrededor para que no se acerquen a él y tratan de mantenerlo aislado del resto de los presos".
Sin embargo, Andy García Lorenzo "continúa firme y dispuesto a pasar por encima de todo, pero nunca negociar con la Seguridad del Estado; esta opción, bajo ningún concepto", dijo la joven.
"Él sabe el motivo por el cual aún está preso y sigue más firme que nunca, firme en la causa y luchando de alguna manera para que Cuba logre ser libre", concluyó.
Andy García ha sido acusado de los delitos de "desordenes públicos" y "desacato" por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio. La Fiscalía pide para él siete años de prisión.
Según la asesoría legal Cubalex, en Villa Clara fueron detenidas 90 personas a raíz de las protestas del 11J. Según los últimos datos publicados por el grupo Justicia 11J, de un total de 1.314 personas detenidas en toda la Isla, al menos 696 continúan en centros de reclusión. De las 570 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Un total de 140 personas enfrentan cargos de sedición.
