Reyna Yacnara Barreto Batista, una joven camagüeyana que se sumó a las protestas del pasado 11 de julio en su ciudad, fue condenada el pasado 25 de octubre a cuatro años de "trabajo subsidiado con internamiento", de una petición fiscal inicial de cinco años de cárcel por atentado y desórdenes públicos, informó la revista independiente La Hora de Cuba.
Barreto Batista, de complexión muy menuda, se defendió de tres policías uniformados que buscaban neutralizarla. Uno de ellos la llegó a patear. Así quedó registrado en un video que circuló por las redes sociales. Por ese material fue detenida ocho días después, sometida a maltratos e incluso privada de su segunda dosis de vacuna de Covid-19, enfermedad que padeció durante su encarcelamiento.
En una entrevista con el medio independiente, la muchacha narró todo su calvario hasta su sentencia, que calificó como "absurda".
"No vale de nada quedarse callada. No vale nada afrontar una condena por gusto. Si hice algo lo afronto, pero por gusto, no. Por defenderme de un golpe de tres hombres, no", consideró.
"Ellos dicen que yo soy una amenaza para el pueblo, que yo soy una amenaza para la sociedad. ¿Cómo yo voy a ser una amenaza para la sociedad, si yo lo único que hice fue defenderme? Aparte, en el juicio, ellos mismos dijeron que ellos no me habían dado ningún golpe, aparte que ningún golpe mío había llegado a tocarlos. Entonces, ¿por qué esta condena? Me están arrebatando cuatro años de mi juventud por gusto", lamentó la camagüeyana.
La Hora de Cuba informó que en el juicio a Barreto Batista también fue condenado el joven Yusán Machado Téllez, a quien le fue impuesta una pena de dos años de privación de libertad por su participación en las protestas.
El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.
La respuesta del Gobierno cubano recibió fuertes críticas por parte de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y HRW, así como de la Unión Europea y EEUU, al considerar que se produjeron arrestos arbitrarios y procesos penales sin las garantías legales adecuadas para los detenidos, entre otras irregularidades.
