La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares a favor de Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), mediante la Resolución 68/2021, emitida el 28 de agosto.
La decisión responde a que la CIDH considera que Almaguer Labrada se encuentra "en una situación de gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal en Cuba", según señala el órgano en un comunicado.
Al analizar la situación, "la Comisión (…) identificó con especial preocupación que Irán Almaguer era objeto de amenazas, intimidaciones y sería sometido a incomunicación durante sus detenciones de parte de agentes estatales", explica la CIDH en el documento.
En junio de 2021, Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, denunció "el continuo acoso y acciones represivas contra Almaguer Labrada", en una nota publicada en la página oficial de la organización opositora.
Almaguer Labrada ha exigido la liberación de su hermano Yandier García Labrada, también integrante del MCL, condenado a cinco años de prisión por protestar en una cola tras permanecer ocho meses encarcelado a la espera de juicio. La CIDH otorgó medidas cautelares a su favor el 7 de enero de 2021.
El 10 de junio, Irán Almaguer Labrada fue detenido, sometido a interrogatorio y amenazado con la imposición de una condena de diez o más años a su hermano, si continuaba su activismo por su liberación.
Debido a la retinosis pigmentaria que padece, Almaguer Labrada sufre de una grave pérdida de visión. Su esposa es invidente. Son padres de una niña de 12 años, lo que los convierte en una familia muy vulnerable.
Como es habitual, el Estado cubano no ha respondido a las solicitudes de información de la CIDH sobre las amenazas, intimidaciones e incomunicación a que ha sido sometido Irán Almaguer Labrada por parte de agentes estatales. En consecuencia, el órgano le solicita que:
—Adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de la persona beneficiaria, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
—Adopte las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades sin ser objeto de amenazas, intimidación, hostigamientos y actos de violencia en el ejercicio de sus labores.
—Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes.
—Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
