Once años oró y luchó Elsa Morejón por su esposo, Oscar Elías Biscet. Desde los años 80 él había denunciado la falta de pago en el sector de la salud, y los abortos con el uso del Rivanol, completados en ocasiones con la falta de asistencia a neonatos vivos. Esta última acusación —que también fue un informe académico—, la envió Biscet al régimen, junto a una carta a Fidel Castro. Fue despedido del sistema hospitalario y, tras una huelga de hambre, encarcelado hasta 2002. Cumplida la sentencia, Elsa creyó que lo peor había pasado, pero la libertad duraría un mes. Otro juicio, parte de la Causa de los 75, lo condenó a 25 años.
En total, Oscar Elías Biscet pasó más de once años en cárceles de La Habana, Pinar del Río y Holguín. Todo ese tiempo el régimen nunca permitió que le llegara asistencia religiosa. Solo la autorizaron en abril de 2011, pero usando ese derecho como moneda de cambio. "Hermes Soto, del Seminario Bautista, y Víctor Samuel, directivo de la Convención Bautista Occidental, me notificaron que el Departamento de Asuntos Religiosos del Partido Comunista autorizaba la asistencia religiosa a mi esposo —cuenta Morejón—, pero con la condición de que ambos pastores lo convencieran de abandonar el país".
Al parecer los líderes protestantes se negaron al dictado y no pudieron ver a Biscet, en aquellos momentos bajo torturas. La asistencia espiritual, cree Elsa Morejón, habría sido una ayuda mental para soportarlas.
Como su esposo, algunos de los más conocidos presos políticos cubanos de este siglo han visto limitada su libertad religiosa, como en los casos de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano Liberación, o el exagente Ernesto Borges. Esta violación es una más en el entramado penitenciario, pero como castigo extra parece tener una función específica: quebrar el fuero interno del individuo.
Morejón considera otra cuestión: "Lo hacían para que el mundo cristiano y la comunidad internacional no supieran de la fortaleza de Oscar Elías a través de alguien, de un pastor. Amén de la adversidad y los castigos, no perdió la fe. El régimen teme a personas con esos testimonios, porque llaman seguidores".
Tener una Biblia también le fue prohibido al doctor en la prisión de Holguín. "Fue dura la batalla para que aceptaran una adentro", recuerda Morejón. Gracias a Dios y a nuestros reclamos, entró una por vez primera a ese establecimiento penitenciario. Allí nunca habían permitido a los reclusos portarla".
No obstante, al poner en la celda de castigo al opositor volvieron a retirarle la Biblia. Su vía crucis lo convirtió en un símbolo para la lucha pacífica contra el totalitarismo, candidato al Nobel de la Paz 2005 y merecedor de la Medalla Presidencial de la Libertad 2007 (Estados Unidos).
Las iglesias organizan, de forma autónoma, grupos de creyentes llamados Capellanías o Pastorales para asistir a reclusos. Todos los permisos de acceso a prisiones se otorgan a través del oficialista Consejo de Iglesias de Cuba; con lo cual, dar o no el permiso queda a merced de una institución supeditada al Partido Comunista, cuya doctrina cree que "la religión es el opio de los pueblos".
El 6 de enero de 1959, el sacerdote vasco Javier Arzuaga subió la dura pendiente entre Casablanca y la fortaleza de La Cabaña, se presentó ante el comandante Ernesto Guevara, y solicitó permitiera asistir a misa tanto a soldados del Ejército Rebelde como a detenidos. Guevara se negó a que la tropa participara ("Aquí ya se acabaron esas cosas", dijo). Pero admitió que asistieran a la Capilla de La Cabaña quienes serían fusilados gracias a los Tribunales Revolucionarios, similares a los que desataron el Terror de la Revolución Francesa.
El ateísmo oficial instaurado por el socialismo cubano hasta 1992, dio paso a coartar cada vez más la libertad de culto de los presos políticos.
El Doctor Alberto Payá, de la Universidad de Valencia, considera que el principio de libertad religiosa en las prisiones expresa "la independencia, la inmunidad, la no injerencia, el respeto y la colaboración, como notas constituyentes del Estado frente al hecho religioso". El documento Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes (1994), de la Universidad Pontificia de Salamanca, reconoce que la asistencia en prisiones se dispensará por "las Confesiones, a través de sus ministros de culto correspondientes", y el Estado solo actuará de intermediario para facilitar "con todos los medios a su alcance" la garantía de recibirla en centros públicos de especial dependencia.
En la región de las Américas, la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia, Lorena Ríos, subrayó en 2019 el compromiso de su entidad para poner sobre la mesa los elementos clave para que la libertad religiosa salga adelante. La ley mexicana, por su parte, no prohíbe ni apoya explícitamente el trabajo del clero en instituciones públicas, como las cárceles. Y Estados Unidos insta a sus ciudadanos a aprender sus derechos religiosos dentro de las prisiones.
Ninguno de esos países cuenta con presos políticos. Cuba sí. Uno de ellos, Mitzael Díaz Paseiro, condenado a tres años y medio de prisión por "peligrosidad social predelictiva" tras protestar contra la legitimidad de las elecciones municipales de 2017, permaneció de noviembre de ese año a diciembre pasado en una celda de castigo de La Pendiente, en Santa Clara. ¿Por qué? Se negó a participar del Plan de Reeducación (adoctrinamiento socialista). Le costó palizas, falta de atención médica y, denunció su esposa Arianna López, privación de asistencia religiosa.
"Inicialmente, Paseiro tuvo sus derechos básicos negados en la prisión, como el acceso a una Biblia y visitas de un capellán. Los malos tratos que sufrió, llevaron a que su esposa realizara una huelga de hambre de 19 días", compartió Mario Vallejo, presentador de Univisión Noticias, en redes sociales.
Durante aquella huelga de hambre, efectuada en 2018, agentes policiales impidieron en dos ocasiones que el pastor Bárbaro Guevara, cercano a la pareja, accediera a la casa de Arianna para ofrecerle consejería.
La sistematicidad de estas arbitrariedades las atestigua el abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones, quien hizo parte de la Pastoral Penitenciaria católica de la Diócesis Guantánamo-Baracoa entre 2006 y 2012. Desde ahí asesoró gratis a familiares de reclusos, hasta que la Dirección Provincial de Justicia inició un expediente para invalidar su inscripción del Registro de Juristas.
Amén de la función evangelizadora de la Pastoral Penitenciaria, otro objetivo es el acompañamiento a los familiares del sufriente. Canalizaba Biblias, literatura religiosa, ropas, alimentos, medicinas.
"Atendíamos a los 'benéficos', reclusos sin parientes que quieran o puedan visitarlos, y también a sus familias", cuenta Quiñones. Pero de esa labor también sería arrancado a causa de su posición cívica, y en 2019 pasó de asistir en la fe a reclusos a recibir asistencia.
Burocracia y ayunos prohibidos
El 22 de abril de ese año el reportero y abogado independiente asistió al Tribunal de la ciudad de Guantánamo. Iba a ofrecer sus servicios a Ramón Rigal y Addya Expósito, un matrimonio evangélico sometido a juicio sumario por practicar educación en casa. Aquel día su vida cambiaría.
Militares lo detuvieron mientras entrevistaba a la hija de la pareja juzgada, víctima de bulliyng escolar por su fe. Quiñones preguntó por qué era arrestado, un oficial lo esposó y tiró al suelo. Fue arrastrado hasta una patrulla. Un uniformado lo golpeó varias veces incluyendo una tan fuerte, en el costado de la cabeza, que le rompió el tímpano.
En agosto un tribunal lo condenó por "resistencia y desobediencia" a un año de trabajo correccional. El 11 de septiembre acabó en la prisión provincial de Guantánamo, después que le fuera negada la apelación. Quiñones se convirtió en uno de los más conocidos presos políticos cubanos, al ser el primer periodista encarcelado por el régimen en 17 años.
Desde su celda escribió sobre las precarias condiciones de la cárcel en el diario Cubanet. A raíz de eso, fue castigado y amenazado con medidas disciplinarias, según reveló un informe de la embajada estadounidense en La Habana. Esas medidas incluían limitar el acceso a servicios religiosos.
Tales restricciones se ejercen de distintas formas en prisión. "Aunque el recluso sea practicante de equis religión, se le exige pedir autorización por escrito a la Jefatura. La solicitud pasa por un proceso burocrático de 'tramitación' que demora hasta dos meses", cuenta Quiñones, que estima entre 25 y 30 católicos en su cárcel.
Mientras la Jefatura no se pronuncie el preso no recibe asistencia religiosa. Otras veces le dicen al recluso que no tienen constancia de que haya hecho la solicitud y lo obligan a hacerla nuevamente. "En mi caso, llené la petición de asistencia religiosa a los pocos días de haber ingresado en la cárcel, y la recibí más de dos meses después, porque lo exigí y también lo exigió el sacerdote, y porque le había enviado a él una copia del documento", relata Quiñones. "Luego me dijeron que esa solicitud no existía y tuve que hacer otra, y en junio o julio una oficial me exigió llenarla por tercera vez".
Una vez escuchó a un interno que deseaba recibir asistencia religiosa de un capellán evangélico, pero no se le permitía porque para las autoridades de la prisión esa iglesia "ya tenía demasiados reclusos". Quiñones interpretó que la cárcel impone límites en cuanto al número de reclusos que pueden recibir asistencia religiosa. "En varias ocasiones llegan hasta la cárcel el sacerdote o el pastor y no sacan a todos los reclusos interesados en asistencia, sea porque los militares alegan que son muchos y no hay tiempo para que todos sean atendidos, o por cualquier otra excusa", explica.
Ya concedido el permiso, las presiones no terminan. "Son indignantes las burlas de los militares hacia quienes reciben atención religiosa, echándoles en cara que hicieron esto o lo otro —relata Quiñones—, algo que va contra la dignidad intrínseca del individuo. Otra violación a la libertad religiosa, un derecho humano. Cristo no vino a buscar personas perfectas, sino a pecadores".
Además, las cárceles cubanas no cuentan con un local destinado al culto, donde los reclusos puedan reunirse o asistir para rezar u orar, y se impide portar objetos como crucifijos y cuentas de rosario. Así, la observancia de la fe está virtualmente prohibida o se hace casi imposible.
Quiñones aduce que los católicos no pueden celebrar la eucaristía los domingos ni los días de precepto, y tampoco se les permite reunirse para estudiar La Biblia. Eso mismo ocurre con otras personas de fe cristiana. "Los ayunos son considerados una violación de la disciplina", dice, quizá por confundirse o temer que deriven en huelga de hambre, forma recurrente de protesta pacífica.
La confesión es un importante sacramento católico. Pero la confidencialidad necesaria no está asegurada "pues el local que los militares disponen para ello está sembrado de micrófonos, otra flagrante violación contra la libertad religiosa". En su lógica, si los teléfonos de muchos opositores pacíficos y periodistas independientes están intervenidos, ¿se respetaría la confidencialidad del encuentro con el sacerdote en una unidad militar?
Ante dudas como esta se dibujan certezas mayores: que el presidio político cubano irrespeta la libertad religiosa del individuo para impedirle contacto con el exterior o rendirlo ante designios del régimen, que van de exiliarse hasta entrar en planes de adoctrinamiento ideológico en la cárcel. Aun así, cree Elsa Morejón, la fe tiene la capacidad de permanecer en el fuero íntimo, y mantenerla viva allí garantiza salir del calvario con ánimo y limpio de odios.
