Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Danner Manuel Estrada Gorra, jóvenes de Guantánamo que penetraron ilegalmente en la Base Naval de EEUU y resultaron devueltos a territorio de Cuba, fueron condenados este viernes a más de un año de cárcel en un juicio amañado, denunciaron sus familiares a Radio Martí.
"No se respetó el juicio, metieron mentiras, en ningún momento había guardias cuando ellos intentaron irse", dijo Lisbet Téllez Ruiz, hermana de Sánchez Ruiz.
Téllez Ruiz recordó que las autoridades habían solicitado a los familiares que entregaran la ropa de los encausados para averiguar en una prueba de olor por dónde habían penetrado hacia la Base Naval, "porque ellos mismos no saben por dónde se fueron".
Sánchez Ruiz recibió una sentencia de un año y tres meses de prisión, mientras que Estrada Gorra deberá cumplir un año y un mes de privación de libertad, señaló Téllez Ruiz, por encima de la petición fiscal.
La joven, que presenció el juicio, dijo que al abogado defensor "no lo dejaban ni hablar, y el testigo era un supuesto que estaba ese día ahí (en el lugar de la detención), que nunca estuvo".
Según Téllez Ruiz, su hermano explicó al presidente del jurado que el día de la fuga no había guardias custodiando el lugar por donde entraron a las instalaciones militares estadounidenses, ni tampoco carteles que explicaran que estaban en zona militar y no se podía pasar.
"Todo eso lo pusieron después (...) que todo el mundo en Caimanera lo vio", dijo la joven en referencia a la instalación, días después de la detención de los jóvenes, de luces y señales en el lugar donde ocurrieron los hechos.
La esposa de Sánchez Ruiz, Yuliet Yero, dijo que "los errores que cometieron los militares, que no estaban en su lugar de posta, que no tenían señalizaciones (...) después que pasó el hecho lo arreglaron para poder inculparlos a ellos".
Yero dijo que apelaran la sentencia, una petición que deben entregar antes del 3 de mayo próximo.
El artículo de "desobediencia" dentro del Código Militar cubano contempla condenas de tres meses a un año de privación de libertad o multas con cuotas de 300 a 1.000 pesos.
No son estos los únicos jóvenes cubanos encauzados por intentar cruzar al territorio de la Base. Hace más de un mes, ocho jóvenes residentes de la barriada cienfueguera de Obourke estaban siendo procesados judicialmente en la provincia de Guantánamo, tras ser apresados por estar cerca de la Base, a la que supuestamente pensaban ingresar para pedir refugio.
Los padres de dos de ellos, llamados Jesús Miguel Aguilar Álvarez y Anniel Martel Jáuregui, dijeron que los jóvenes salieron de Cienfuegos luego de escuchar rumores de que una embarcación anclada en la bahía de Guantánamo, en el área controlada por Estados Unidos, estaba recogiendo a todo el que cruzase a ese lado para trasladarlo a tierra continental.
A inicios de abril, el Departamento de Estado de EEUU confirmó la entrega a las autoridades de la Isla de tres cubanos no identificados que fueron repatriados "bajo los términos de la Declaración Conjunta de mayo de 1995 entre Cuba y Estados Unidos".
"Los rumores de que los cubanos están siendo procesados para inmigración a través de la Base Naval no tienen fundamento", aseguró el comunicado de Washington.
La respuesta oficial explicaba que "no hay acceso entre la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo y el resto de Cuba, ni las personas que visitan o viven en el resto de Cuba acceden a la Base. Esa política no ha cambiado".
Los rumores de que la Base estaba brindando acogida a los migrantes se extendieron por toda Cuba. Hasta el momento se desconoce quién lo difundió y con qué intención, pero influyó a cientos de jóvenes de diversas provincias que se dirigieron a Guantánamo a probar suerte.
Ante tal realidad, las autoridades policiales y militares de la provincia oriental pusieron retenes en las vías que conducen a la Base y al municipio de Caimanera para impedir el paso de los que iban llegando y efectuaron un número indeterminado de detenciones.
Caimanera permanece militarizado y se han reportado presuntas muertes y desaparecidos, debido al temor de las autoridades de que se produzca una emigración masiva de cubanos, denunciaron a DIARIO DE CUBA activistas locales.