Se cumple el plazo de seis meses que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio al Gobierno cubano para conceder una compensación adecuada al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, incluida su inmediata liberación incondicional.
Ruiz Urquiola fue detenido el 3 de mayo de 2018, acusado de un supuesto delito de "desacato", incomunicado, llevado a juicio cinco días después y condenado a un año de privación de libertad por el Tribunal Municipal de Viñales.
Sus familiares solo pudieron contactar a un abogado el mismo día del juicio.
El biólogo había denunciado actos vandálicos en la finca en la que realiza un proyecto ecológico en el Valle de Viñales, Pinar del Río. También la invasión ilegal de sus tierras, ofensas y amenazas de funcionarios locales, y daños a la propiedad.
Para exigir su liberación, Ruiz Urquiola realizó una huelga de hambre y sed durante 17 días en el centro penitenciario Cayo Largo, en Pinar del Río. Fue liberado el 2 de julio de 2018 bajo licencia extrapenal, por un supuesto "síndrome afectivo ansioso depresivo incompatible con el régimen penitenciario".
El Gobierno cubano puede revocar la licencia extrapenal en cualquier momento y devolver a Ruiz Urquiola a prisión.
En el informe para su período 82 de sesiones, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos concluyó que, en vista de la omisión de proporcionar información jurídica relevante a Ariel Ruiz Urquiola, así como de la incomunicación a la que fue sometido, al biólogo se le negó el derecho a cuestionar la legalidad de su detención ante una autoridad judicial.
Según el mismo informe, el Gobierno cubano atribuyó a Ruiz Urquiola depredación forestal y lo acusó de reiteradas violaciones a las normas dispuestas por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) para la gestión de tierras en usufructo. Entre esas supuestas violaciones estaba mantener la tierra sin producir. La Habana dijo que, por ello, las autoridades decidieron iniciar un proceso para rescindir el usufructo otorgado al biólogo.
La afirmación fue desmentida por el propio delegado municipal del MINAGRI en Viñales, quien aseguró a Ruiz Urquiola y sus familiares, mediante un documento, que esa instancia desconocía que existiera proceso alguno para rescindir el contrato de usufructo.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria señaló que la retención de personas en régimen de incomunicación no es compatible con el derecho internacional, porque viola el derecho a cuestionar la legalidad del arresto ante una corte o tribunal judicial.
Por tanto, consideró que la detención de Ruiz Urquiola careció de base legal y fue contraria a los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; la consideró arbitraria y dijo que el Gobierno violó el derecho al debido proceso legal.
El grupo del la ONU señaló que, conforme al derecho internacional aplicable, las víctimas de una detención arbitraria tienen derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
En consecuencia, solicitó al Gobierno conceder una reparación adecuada a Ruiz Urquiola, incluida su liberación incondicional inmediata.
Asimismo, pidió al cubano que proporcionase toda la información relacionada con el caso en un plazo de seis meses, que se cumplen en el presente abril.
El expediente de Ruiz Urquiola, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, se encuentra actualmente, ante el Tribunal Supremo, en proceso de revisión de causa.
"Estoy libre pero la injusticia todavía está", expresó el biólogo cuando le fue otorgada la licencia extrapenal.