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Derechos Humanos

Julio Ferrer Tamayo exige a Díaz-Canel que el Tribunal Supremo responda a sus demandas

'Esta es una gestión más para obligar a las máxima autoridad judicial del país a que no siga guardando silencio', dice el jurista independiente.

La Habana

El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó ante la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado una petición al gobernante Miguel Díaz-Canel, donde le exije que conmine al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, que se pronuncie sobre varias de las causas pendientes que ha presentado en relación con la sanción a su esposa Marienys Pavó Oñate, en libertad condicional.

“Tanto la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional como la Fiscalía General le han solicitado al Tribunal Supremo que se pronuncie con respecto a las demandas que he presentado contra las autoridades penitenciarias y judiciales, por todo el cúmulo de violaciones que contra mi esposa han cometido", declaró Ferrer Tamayo a DIARIO DE CUBA.

"Esta es una gestión más para obligar a las máxima autoridad judicial del país a que no siga guardando silencio", agregó el jurista. 

En el Tribunal Supremo aguardan sin respuesta al menos tres demandas, dos contra las autoridades judiciales y una tercera contra las autoridades penitenciarias, que estuvieron involucradas en la acusación, enjuiciamiento y encarcelamiento de la abogada Marienys Pavó Oñate, procesada por el supuesto delito de estafa.

Sobre ninguna de ellas el Tribunal Supremo se ha pronunciado hasta la fecha, cuando todas llevan mas de un año en el máximo órgano judicial del país.

Tanto esta abogada como su esposo sostienen que la acusación tuvo motivaciones políticas, debido a la labor de asesoramiento a la sociedad civil que ha desarrollado Ferrer Tamayo tanto en la Asociación Jurídica Cubana como en Cubalex, en la actualidad. Por esa labor, el propio Ferrer ha sido encarcelado en dos ocasiones.

Ferrer también tiene pendiente una demanda contra el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, presentada a finales de 2017, por "daños y perjuicio moral", al considerar que la misión diplomática cubana en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU expuso falsedades sobre su situación legal.

De este alto funcionario público, exigía una "retractación pública". Como era previsible, la demanda no ha prosperado ante el Tribunal Provincial de la Habana.

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