El pasado sábado, el matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Eliécer Góngora y Lariuska Molina, dieron por terminada la huelga de hambre que habían iniciado casi un mes antes.
La pareja protestó durante 28 días por la violenta deportación a la que fueron sometidos junto a sus hijos menores y la madre de Góngora, cuando la Policía política los trasladó por la fuerza desde Puerto Padre a Jobabo, en Las Tunas.
"Decidimos suspender la huelga porque una de nuestras hijas estuvo cinco días sin querer ingerir alimentos y entonces reunimos a toda la familia y decidimos que no podíamos continuar", explicó Eliécer a Radio Martí en una entrevista en la que reconoció que se sienten muy "desgastados" tras la extrema protesta.
El opositor explicó que continuarán el reclamo por volver a residir en Puerto Padre por las vías legales, pues asegura que estaban viviendo con la autorización del dueño de la propiedad.
Su esposa dijo a Radio Martí que ya comienzan a sentirse mejor y a recuperarse poco a poco de las secuelas que les han dejado los 28 días de inanición.
"El deseo y el ánimo de continuar la lucha va a seguir siendo el mismo", sentenció Lariuska.
Como denunció a DIARIO DE CUBA a mediados de diciembre Carlos Amel Oliva, líder del Frente Juvenil de UNPACU, el matrimonio se había mudado a fines de noviembre junto a sus dos hijos y la madre del primero, a Puerto Padre desde la localidad de Jobabo. En ese otro poblado de Las Tunas, comenzaron a residir en una vivienda de un activista que está de viaje.
El propio día de su llegada, la vivienda fue apedreada durante la noche, y la tubería de suministro de agua averiada.
El día 8 de diciembre, un operativo policial y de tropas especiales procedió a efectuar un desalojo arbitrario. Subieron a toda la familia a un auto, sus pertenencias a un camión y los trasladaron de regreso a Jobabo, a su vivienda original.
En reacción a tales acciones represivas, a partir de ese mismo día Góngora Izaguirre y Molina Enamorado comenzaron su huelga de hambre.
Los activistas de UNPACU han estado padeciendo una creciente oleada represiva desde que en noviembre la organización anunciara una iniciativa para enjuiciar al régimen de La Habana ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
José Daniel Ferrer García, líder de la organización, presentó la denuncia como un "plan para hacer lo más visible posible en el exterior los crímenes de la tiranía contra el pueblo cubano, los opositores cubanos, los profesionales cubanos y el daño que esta viene ayudando a hacer a pueblos hermanos".