El Gobierno cubano avisó este viernes en Ginebra que rechazará las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que considere fruto de "prejuicios" o hechas bajo el "pretexto de la política de bloqueo".
Rodolfo Reyes, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería cubana, señaló que La Habana adoptará la gran mayoría de las recomendaciones recibidas durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió esta semana.
Pero advirtió que no escuchará aquellas que juzgue "inaceptables" porque cuestionan "el orden constitucional refrendado por la abrumadora mayoría" de los cubanos.
El régimen suele calificar de intromisión en sus asuntos internos las críticas a la situación de los derechos humanos en la Isla y la represión de los disidentes, los cuestionamientos al sistema político impuesto a los cubanos durante casi 60 años y a la falta de mecanismos democráticos en el país.
En esos casos, el Gobierno esgrime la "autodeterminación" como "principio irrenunciable", algo que mencionó Reyes en Ginebra este viernes.
Es de esperar que entre las recomendaciones que rechazará La Habana estén la ratificación de los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que firmó en 2008, así como la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente, acorde con los principios de París.
También las peticiones de respeto a las libertades fundamentales, y de que cese el acoso a disidentes y periodistas independientes, entre otras.
La Habana se sometió esta semana por tercera vez al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. Anteriormente lo hizo en 2009 y 2013.
Las autoridades de la Isla deben presentar su respuesta formal al conjunto de las 339 propuestas realizadas en esta sesión del EPU, a más tardar durante el período 39 de sesiones del pleno del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de este año.
La sesión de este miércoles se caracterizó por la escisión entre los países complacientes con el Gobierno de la Isla —pertenecientes sobre todo a regiones en vías de desarrollo, además de Rusia y China— y los que se mostraron más contundentes —los miembros de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Japón, Canadá, pero también México, Perú, Costa Rica, Chile y Uruguay—.
La delegación de La Habana, por su parte, se empleó en negar la existencia de presos políticos en Cuba, las restricción al derecho a huelga, o aun de los obstáculos para viajar libremente, a la vez que insistió en la independencia del sistema de justicia cubano.
El canciller Bruno Rodríguez describió a los disidentes y de los activistas de derechos humanos como "agentes de una potencia extranjera", una práctica habitual del régimen para desacreditar a los opositores.
Lo más notable de la sesión, en el plano diplomático, fue que gobiernos latinoamericanos de izquierda, como Costa Rica y Uruguay, se sumaran a las voces que aconsejaron a La Habana ratificar los pactos de la ONU.