La Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana declaró "inadmisible" la demanda presentada por el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo contra el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, por "perjuicio y daño moral".
Ferrer consideró que el funcionario suministró información falsa sobre su persona al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En su respuesta, los jueces admitieron que el artículo 96 del Código Civil permite a toda persona reclamar y obtener reparación por los daños o perjuicios causados por funcionarios estatales, pero afirmaron que para dar curso a la demanda es imprescindible la declaración de ilicitud en su proceder por la autoridad superior correspondiente.
"Esta respuesta de las autoridades judiciales, aunque era de esperar que fuera adversa, la considero una victoria. Se han visto obligados a ajustarse a la ley y reconocen el derecho a una indemnización, aunque la condicionan a que sea el presidente del Consejo de Estado y de Ministros, el general Raúl Castro, como autoridad superior al canciller, quien realice un pronunciamiento sobre esta demanda", declaró Ferrer Tamayo a DIARIO DE CUBA.
El abogado hizo llegar la documentación del caso a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado para instar a su máxima autoridad a pronunciarse.
De igual manera, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Provincial para que reconsidere el fallo emitido por la Sala de lo Civil y Administrativo, pues considera que es "jurídicamente ineficaz".
En su reclamación, Ferrer Tamayo exigía al canciller Rodríguez Parrilla una retractación pública por la información "no veraz" sobre su situación legal que la misión diplomática cubana hiciera llegar en diciembre de 2016 a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, solo tres meses después de que la sede del proyecto independiente Cubalex, donde Ferrer trabajaba, fuera allanada y a él lo encarcelaran.
La nota enviada por las autoridades cubanas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU decía que Ferrer estaba "circulado por el Tribunal Provincial de La Habana por no presentarse a cumplir una sanción de cinco años de privación de libertad (…) por los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos".
En su pedido de rectificación, el abogado hizo notar que no estaba circulado por tribunal alguno, que solo fue acusado de falsificación de documentos públicos y condenado a tres años de cárcel en un proceso "amañado e ilegal" donde se le impidió autodefenderse.
Ferrer declaró a DIARIO DE CUBA que presentó su demanda contra Rodríguez Parrilla "para demostrar cómo las autoridades cubanas mienten todo el tiempo a organismos internacionales sobre asuntos internos, sobre todo en relación con violaciones de derechos humanos de sus ciudadanos".
Ferrer Tamayo lleva el caso de su esposa a la Asamblea Nacional
Por otro lado, el jurista independiente entregó la semana pasada una solicitud al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, para que inste a los tribunales a resolver la situación de su esposa, la abogada presa Marienys Pavó Oñate.
Ferrer Tamayo califica de "crimen de lesa justicia" la actuación de las autoridades en este caso. Señala que Pavó Oñate lleva seis años de ilegal encierro debido a que no han prosperado todas las quejas y demandas presentadas ante los tribunales.
A su parecer, "la justicia es el bien más difícil de obtener para los cubanos de a pie, escasea más que los alimentos; se impide, como en este caso, todo acceso a ella".
El abogado considera que el encarcelamiento de su esposa es una represalia por la labor que ha desarrollado a favor de la legalización de varias organizaciones de la sociedad civil y por tratar de defender a Pavó Oñate ante los tribunales.
El propio Ferrer Tamayo ha estado preso en dos ocasiones y aún se encuentra impedido —debido a su última sanción— de salir del país.