El régimen dejó viajar este viernes a EEUU a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, a quien el miércoles no había dejado abordar un avión en el aeropuerto José Martí en La Habana, informa Martí Noticias.
El pasado día 7 de febrero, funcionarios de Inmigración impidieron a Valdés viajar a Miami y le dijeron que tenía "una prohibición de salida" del país.
El director de Convivencia presentó ese mismo día una reclamación ante las autoridades migratorias de Pinar del Río, su provincia de residencia, y señaló que llevaría este reclamo ante el Consejo de Estado.
Un capitán de la Policía, identificado como Joaquín, "le comunicó a Valdés que había ocurrido 'un error' y que la 'regulación' (prohibición de salida) estaba vigente 'para otra persona que vive en otra provincia', aunque las siglas 'PS' (prohibición de salida), aparecieron junto al nombre de Valdés en la base de datos del Sistema Único de Identificación Nacional", detalla el sitio 14ymedio.
En la mañana de este sábado el director de Convivencia consiguió el objetivo de su viaje: impartir en Miami una conferencia durante la V Semana Social Católica, celebrada en la Ermita de la Caridad.
El equipo de Convivencia ha denunciado en los pasados meses un aumento de la represión hacia sus miembros.
A Yoandy Izquierdo Toledo, del Consejo directivo del Centro, en octubre pasado le impidieran salir de la Isla a un evento en España.
A finales de septiembre, la economista Karina Gálvez, miembro del equipo de Convivencia, fue condenada a tres años de privación de libertad. En abril Convivencia condenó todo el proceso alrededor de la economista y consideró que "formaba parte del hostigamiento continuado y creciente" contra su equipo.
Como resultado de este proceso legal, fue decomisada la vivienda de Gálvez que fungía como sede del proyecto.
A finales de mayo, Convivencia sostenía: "No nos vamos de Cuba, a pesar de los momentos duros de represión que estamos viviendo".
Las restricciones de movimiento son una práctica frecuente del régimen que suele impedir a activistas de derechos humanos y a periodistas independientes viajar fuera del país. El modus operandi es comunicarles en los controles antes de abordar el avión que están "regulados" sin darles explicaciones y sin permitirles subir a sus vuelos.