Desde junio de 2017, nueve periodistas de DIARIO DE CUBA han sido blanco en diferentes provincias de algún tipo de represión de la Seguridad del Estado. Aunque no es la primera vez que reporteros de este medio son objetivo de las autoridades, la sistematicidad del hostigamiento y su alcance en los últimos meses llevan a pensar que existe un plan para intentar desactivar nuestro trabajo dentro del país.
De los periodistas represaliados, cinco han sufrido detenciones de hasta 72 horas, a tres las autoridades les han allanado la vivienda, a cuatro les han confiscado los medios de trabajo y otras pertenencias, y a tres el régimen les ha impedido viajar al exterior para participar en eventos o cursos.
Todos han sido amenazados para que desistan de escribir sus reportes. En varios casos el hostigamiento ha llegado también a las familias.
El episodio más reciente, ocurrido el pasado viernes 2 de febrero, tuvo como víctima a Adriana Zamora, quien trabaja con DDC desde 2014, y a su pareja, Ernesto Carralero Burgos, una de las más recientes incorporaciones al equipo.
Dos agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a Zamora con hacerle perder su embarazo, de 11 semanas, lo cual es también una alerta de que podrían atentar contra su vida.
Pero "nuestra mano nunca se va a ver", advirtieron los agentes a Zamora y Carralero.
En junio de 2017, Manuel Alejandro León Velázquez fue detenido en un punto de control a la entrada de Guantánamo mientras su vivienda era allanada por la Seguridad del Estado, que confiscó equipos y documentos. El régimen suele clasificar esos materiales como destinados a "hacer contrarrevolución".
León Velázquez estuvo tres días preso. En ese tiempo, su esposa, sus padres e incluso su suegra fueron amenazados con la cárcel. La policía política intentó convencerlos de que vigilaran y delataran el trabajo del periodista.
Al liberarlo, las autoridades advirtieron a León Velázquez que podrían acusarlo de "usurpación de funciones", "difusión de noticias falsas" y "asociación para delinquir", esto último por su pertenencia a la opositora Alianza Democrática Oriental.
En septiembre de 2017, Maykel González Vivero fue arrestado cuando realizaba un reportaje en Isabela de Sagua, Villa Clara, antes del paso del huracán Irma, y sometido a un registro corporal humillante.
El periodista había estado tres días preso en octubre de 2016 por intentar informar sobre los efectos del huracán Matthew en varios municipios de Guantánamo. En esa ocasión las autoridades le confiscaron sus medios de trabajo.
González Vivero fue arrestado también en la Universidad Marta Abreu en abril de 2017 mientras recogía información sobre el caso de la estudiante Karla Pérez González, expulsada de ese centro por pertenecer a la organización Somos+.
Ese mismo septiembre de 2017 Frank Correa pasó 12 horas en un calabozo en La Habana. Los agentes que lo interrogaron estaban especialmente interesados en su cobertura del simulacro electoral del régimen.
Por su parte, Osmel Ramírez Álvarez y su familia vivieron un fuerte operativo en su hogar en noviembre. Durante cuatro horas, efectivos de la Seguridad del Estado registraron la casa y confiscaron equipos y documentos. Vecinos del periodista se vieron asimismo afectados, el régimen consideró sospechosa la simple relación amistosa con él.
Ramírez Álvarez estuvo detenido e incomunicado tres días tras ese registro. Las autoridades le dijeron que el motivo había sido "propaganda enemiga".
El periodista ha reportado sobre los abusos de la empresa estatal Cubatabaco contra los productores de tabaco de Mayarí, Holguín, donde reside, y sobre las violaciones a la Constitución y a la Ley Electoral cometidas por las autoridades de su región para impedir la postulación de un candidato independiente en las pasadas Asambleas de Nominación.
En Holguín también ha sido víctima de represalias Eliecer Palma Pupo, quien reporta sobre los problemas de su municipio, San Germán.
Palma Pupo estuvo preso 72 horas tras un registro en su vivienda en enero de este año. Los agentes se llevaron sus medios de trabajo, documentos y unos 100 libros. Dijeron que podrían acusarlo de "usurpación de funciones" y "difusión de noticias falsas".
Además de estas acciones represivas, el régimen ha utilizado otras, como impedir a los periodistas viajar al exterior. Es el caso de Ramírez Álvarez, Joan Manuel Núñez Díaz y Yusimí Rodríguez López.
El acoso a los periodistas independientes recuerda lo ocurrido en 2003, cuando 27 informadores fueron a prisión como parte del Grupo de los 75 disidentes condenados a penas de hasta 28 años de cárcel.
Los métodos que está utilizando el régimen en este momento son diferentes, pero apuestan a lo mismo: tratar de frenar la capacidad de medios plurales como DDC para contar la realidad de la Isla fuera de los límites oficiales.
Mientras, los instrumentos que llevaron a prisión a los 75 —la Ley Mordaza y el artículo 91 del Código Penal— siguen vigentes como advertencia.