Las autoridades carcelarias sacaron a la abogada presa Marienys Pavó Oñate de la celda de castigo en la que pasó el fin del año 2017 y el principio de 2018, y la enviaron a un campamento anexo a la prisión de mujeres del Guatao, informó a DIARIO DE CUBA su esposo, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo.
La decisión se habría producido después de que funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) admitieron la situación irregular en que se encuentra.
"Ha mejorado mucho su condición carcelaria pues está en una zona donde puede moverse con más libertad y tener dinero, pero aún sigue llevando la vestimenta de presa y no puede trabajar como lo hacen los reclusos en un verdadero régimen de mínima severidad", señaló Ferrer Tamayo.
Añadió que "el funcionario del MININT al frente de la revisión del caso admitió todas las ilegalidades e irregularidades cometidas" contra su esposa y dijo que "correspondía al Tribunal Provincial de La Habana darle una definitiva solución".
Según Ferrer Tamayo, en sendas reuniones que tuvo dos semanas atrás con la vicepresidenta del Tribunal Provincial de La Habana y con la jefa de Atención a la Población de ese tribunal ambas funcionarias se comprometieron a darle una "pronta" solución a la situación legal de su esposa, aunque aún no ha habido ningún pronunciamiento al respecto.
La abogada Pavó Oñate asegura ser inocente de todos los delitos por los que cumple condena y tanto ella como su esposo consideran que su encarcelamiento es una represalia por la labor que ha desarrollado Ferrer Tamayo a favor de la sociedad civil y por tratar de defender a su esposa ante los tribunales.
El propio Ferrer Tamayo ha estado encarcelado en dos ocasiones por su trabajo como abogado independiente.
Silencio de la Justicia ante una demanda contra el canciller Rodríguez Parrilla
Por otro lado, Ferrer Tamayo presentó una solicitud de "impulsión procesal" a la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial, ante el silencio de las autoridades judiciales con respecto a su demanda contra el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, por "perjuicio y daño moral".
"Este recurso jurídico que presenté se utiliza para exigirle al tribunal un pronunciamiento sobre la demanda, ya que la ley así lo establece. Ellos deben hacer un pronunciamiento pues hace rato están fuera de término para responder", explicó.
Ferrer Tamayo considera que el Ministerio de Relaciones Exteriores le infligió un daño moral cuando suministró información "no veraz" sobre su persona a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El abogado pide al Tribunal Provincial que exija al canciller una rectificación de esa información y una retractación pública.
La nota que enviaron las autoridades cubanas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en diciembre del pasado año dice que Ferrer estaba "circulado por el Tribunal Provincial de La Habana por no presentarse a cumplir una sanción de cinco años de privación de libertad (…) por los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos".
Califica además a todo el equipo de abogados del proyecto independiente Cubalex, donde Ferrer trabajaba, como "vulgares delincuentes comunes bajo ropaje de defensores de derechos humanos".
Ferrer Tamayo hace ver que no estaba circulado por tribunal alguno, que solo fue acusado de falsificación de documentos públicos y condenado a tres años de cárcel en un proceso sumamente amañado e ilegal donde se le impidió autodefenderse.
Antes de presentar esta demanda, el jurista había exigido en dos ocasiones al Ministerio de Relaciones Exteriores una rectificación y nunca obtuvo respuesta satisfactoria.