El régimen condenó este jueves a diez meses de cárcel por el delito de "resistencia" al bicitaxista Lázaro Rodríguez, según denunció su esposa Idalmis García.
En conversación con Martí Noticias, García explicó que su esposo "conducía un bicitaxi en Jovellanos, Matanzas, pero no contaba con licencia para ejercer por cuenta propia. Se sentía acosado por un policía y protestó con un cartel frente al gobierno local".
Rodríguez había sido detenido por un policía por no tener licencia y luego liberado. Después, "agobiado por la situación" protagonizó una protesta pública frente a la sede del Partido en su localidad.
"Él se paró en la casa del Partido (Comunista) que fue donde sacó el cartel el 8 (de enero) y (...) llamaron a la policía. La policía lo recoge y lo llevan para la unidad", contó García.
Según la historia de la mujer, Rodríguez "intentó sin éxito explicar sus razones al policía que lo acosó inicialmente por conducir su bicitaxi sin licencia".
"Mi esposo le dijo, 'compadre, ¿que tú prefieres?, ¿que yo esté preso, que yo robe?, estoy trabajando, buscándome los quilitos, déjame trabajar'. Pero se encarnó arriba de mi marido y le dijo que lo iba a hacer tierra", contó García.
Cuando se produjo la detención ese 8 de enero, aseguró García, su marido "no se resistió" y que varios testigos lo pueden corroborar, aunque admitió que a la gente "no le gusta comprometerse".
"Allí el pueblo vio que él no hizo resistencia ninguna, que él cogió y puso sus manos hacia atrás y se dejó poner sus esposas", añadió García.
Rodríguez cumplirá su condena en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, a donde será trasladado el próximo martes.
Los bicitaxistas forman parte del sector cuentapropista, eufemismo que usa el Gobierno para evitar la palabra "privado". Estos trabajadores se encuentran maniatados por las disposiciones estatales y tiene poco margen de desarrollo.
El pasado mes de junio el Gobierno paralizó la entrega de nuevos permisos a cuentapropistas de determinadas actividades bajo el argumento de "irregularidades en los procedimientos". A principios de noviembre volvió a autorizarlos, pero solo "con carácter excepcional durante la etapa de recuperación de la infraestructura turística afectada" tras el huracán Irma y circunscritos a ciertas actividades como construcción y transporte y carga.
El pasado 31 de mayo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el vicepresidente Marino Murillo dejó claro que el Gobierno no permitirá la concentración de la propiedad y de la riqueza aunque se autoricen formas de gestión privadas. En sesión posterior también lo ratificó el general Raúl Castro.
Varios expertos en economía cubana han criticado las políticas económicas de La Habana sobre este particular y especialmente estas últimas disposiciones tomadas para continuar el control sobre el sector privado.
"Cuba es el único país del mundo que persigue la riqueza y no la pobreza", lamenta el economista Omar Everleny Pérez.
"Lo que tiene que hacer el Estado es permitir a los profesionales ejercer su oficio: de 201 actividades aprobadas por el Gobierno para el trabajo por cuenta propia, la mayoría son actividades no cualificadas. No llegan ni a diez las actividades cualificadas", condena el economista Carmelo Mesa-Lago.
De acuerdo con datos oficiales, solo en 2016 en la provincia de Santa Clara el Gobierno confiscó bienes a 239 trabajadores del sector privado y les ocupó más de 10.800 artículos de plomería y ferretería, efectos electrodomésticos y 1.123.996 pesos cubanos.