En 2012, el Gobierno cubano "actualizó" su Ley Migratoria, eliminó el llamado "permiso de salida" y estableció otras flexibilizaciones. Pero, a la vez, se aseguró de mantener instrumentos para impedir a los cubanos obtener pasaporte o salir del país, como los artículos 23 y 25.
Estos artículos establecen restricciones para quienes están sujetos a proceso penal, tienen pendiente cumplimiento de sanción penal o deben pasar el Servicio Militar. También para casos en que "razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen", y para aquellos a quienes el Gobierno considere fuerza de trabajo calificada necesaria "para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país, y para la seguridad y protección de información oficial".
Otros casos que enumera la ley son "menores de edad o incapaces que no cuentan con la autorización de los padres o representantes legales" y "razones de interés público".
Pero no se especifica, por ejemplo, qué "razones de defensa y seguridad nacional", o de "interés público" pueden aconsejar la negación del pasaporte o la restricción de salida del país.
Desde la entrada en vigor de la "actualización", muchos ciudadanos cubanos han sido impedidos de viajar al extranjero. Sin embargo, durante 2017 las restricciones han aumentado, sobre todo para opositores, activistas y periodistas independientes. Todos ellos son adultos; ninguno está pendiente de cumplir el Servicio Militar o sanción penal. Casi todos carecen de antecedentes penales. No son trabajadores del sector estatal, por tanto no constituyen fuerza laboral imprescindible ni poseen acceso a información oficial.
Sobre la legalidad de estas restricciones DIARIO DE CUBA conversa con Wilfredo Vallín, abogado y presidente de la independiente Asociación Jurídica de Cuba, actualmente también bajo restricción para salir del país.
¿Cómo pueden ciudadanos sin acceso a secretos militares ni información sensible amenazar la defensa y la seguridad nacional?
Un país se organiza sobre la base de leyes que son publicadas y conocidas por los ciudadanos. El recurso de la legalidad proporciona paz a las personas. Pero cuando las autoridades interpretan la ley de manera distinta a como está formulada, y son capaces de cambiar eso a voluntad, no hay tal conocimiento de la ley, porque quienes tienen el poder son quienes la interpretan, y estamos en presencia de lo arbitrario.
A los ciudadanos debería explicárseles cómo amenazan la seguridad nacional, para que al llegar al aeropuerto no se sorprendan. Al no haber explicación de qué aspecto de la ley están violando, pienso que la seguridad nacional es un saco donde meter a cualquiera. En la Aduana tampoco saben dar un motivo. Eso es la mayor arbitrariedad.
Al periodista Carlos Alejandro Rodríguez, cuya restricción ya terminó, en su momento le informaron que se debía a sus vínculos con el Instituto de Periodismo de Perú, razón que no figura en la Ley Migratoria. ¿Es esto legal?
Es lícito lo que la ley no prohíbe. Usted no puede aplicar una prohibición que no está en la Ley solo porque es usted una autoridad. Habría que preguntar a las autoridades por qué es una violación tener vínculos con un Instituto de Periodismo. ¿Qué ley lo dice?
¿Existe alguna ley que específicamente prohíba el periodismo independiente, actividad que ejercemos varias personas restringidas de viajar?
Hasta ahora no he visto en ningún lugar que exista una prohibición legal para quienes trabajan la prensa de modo independiente.
Según el Artículo 53 de nuestra Constitución, se garantiza la libertad de opinión y prensa a todos los ciudadanos, de acuerdo a los fines de la sociedad socialista. Pero no se aclara cuáles son, no sabemos si los estamos violando.
La Constitución establece una especie de pacto entre la población y el Estado, donde se regulan las normas de convivencia, de Gobierno y de actuación ciudadana. Cuando hay un artículo como el que citas, se espera que haya una ley complementaria o que se expliquen cuáles son los fines de la sociedad socialista. Cuando se plantea de forma ambigua, existe una laguna jurídica. El ciudadano no sabe de qué se habla ni tiene a dónde acudir para enterarse.
¿A qué atribuye usted que no haya recibido explicación para su propia restricción?
Somos una asociación de abogados que intenta hacer cumplir la ley cubana vigente. Si esta autoriza algo y alguien lo prohíbe, viola la ley. Eso sucede con la Ley Electoral, que no es una ley complementaria, sino que está en la Constitución y establece que todos los ciudadanos pueden participar del proceso electoral, sin excepciones por raza, sexo, ideología, etc. Sobre todo, no establece exclusiones por ideología. Entonces, resulta increíble que cuando los ciudadanos quieren participar a tenor de lo que dice la ley, se les prohíba, se les persiga y se les amenace, como está sucediendo. ¿Esa ley es una mentira pública, una estafa a los ciudadanos? Muchas personas han venido a preguntarme al respecto y les he dicho esto mismo.
¿Quién determina que las personas no puedan viajar al extranjero? En la Aduana nos dicen que cumplen órdenes. En Emigración niegan saber quién toma la decisión.
En Cuba, la autoridad suprema para determinar algo se llama Ministerio del Interior y Departamento de Seguridad del Estado. Ni el Ministerio de Justicia, ni el de Comunicaciones ni el Tribunal Supremo pueden decidir per se. Todas las Instituciones están subordinadas a la Seguridad del Estado. Es mi impresión personal. [Lo anterior parece corroborado por el hecho de que fue la Seguridad del Estado quien informó al periodista Jorge Amado Robert Vera que no puede salir del país por dos años].
Si la Asociación de Juristas de Cuba, al orientar a los ciudadanos sobre sus derechos electorales, y los periodistas independientes, al informar sobre lo que ocurre en Cuba sin mentir ni promover violencia o una intervención militar, amenazamos la seguridad y la defensa nacional, ¿para qué impedirnos viajar, si es justo aquí donde necesitamos estar para hacer nuestro trabajo? ¿Se trata de contener una amenaza o de una represalia?
Para mí es lo segundo. Por ejemplo, una persona con familia en el extranjero no sale hasta que ellos quieran porque está haciendo algo que les molesta. El objetivo es que te percates y dejes de hacerlo. Como tengo el poder, te prohíbo hacer cosas que quieres o necesitas, pero sin explicación.
Nadie me ha dicho que deje de escribir.
No pueden, podrías preguntarles qué ley lo prohíbe. Ellos no pueden hacer la ley por su cuenta. Tendrían que decir que porque les da la gana, pero eso habla en términos de tiranía.
¿Qué posibilidades de defensa dejan las leyes, qué se puede hacer para reclamar derechos?
Desgraciadamente, he perdido la fe en las autoridades. Lo que hacen es totalmente arbitrario, sin basamento legal. Voy a denunciar esto donde quiera que me pare y en la prensa. Esto es un abuso de poder y una violación de la ley.