La economista independiente Karina Gálvez, miembro del equipo de Convivencia, fue juzgada en la mañana de este jueves en el tribunal municipal de Pinar del Río y el proceso quedó "concluso para sentencia", según informó el Centro de Estudios Convivencia en su página de Facebook.
La Fiscalía de Pinar del Río había pedido a principios de agosto tres años de prisión para Gálvez por el presunto delito de evasión fiscal durante la transacción de compra de su vivienda, así como el decomiso de dicho inmueble, según comunicó ella misma en ese momento a DIARIO DE CUBA.
"La petición fiscal son tres años de privación de libertad, subsidiadas con limitación de libertad, o sea, que no sería en la cárcel. Serían tres años de limitación de libertad más la confiscación de la casa. Esto es lo que la Fiscalía pide al Tribunal", detalló la economista.
En la vista oral de este jueves "figuraron como acusados Karina Gálvez en posición de compradora del inmueble y el vendedor", precisa Convivencia.
"El clima de la vista oral fue respetuoso y los abogados defensores pudieron expresar varios argumentos como una vez restituido el adeudo con el Estado, el recargo y la multa, se han cumplido los requerimientos administrativos y no había necesidad de pasar a un procedimiento penal, por lo que no habría delito", detalla Convivencia.
En abril, la economista pagó una "fuerte sanción administrativa" impuesta por la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) de 40.452 pesos (CUP) de multa ante la supuesta evasión fiscal de la que se le acusa.
Asimismo, Convivencia sostiene que "la Fiscalía no presentó argumento alguno para pedir la confiscación de la casa, por lo que consideran que habiendo satisfecho los adeudos no había lugar para la confiscación".
"Por último —concluye Convivencia—, la abogada defensora del vendedor citó textualmente una sentencia pronunciada por este mismo tribunal en meses anteriores en la que, prácticamente, se anulaba el delito de evasión fiscal por haber efectuado el pago de sus adeudos con el Estado. Y que, por tanto, consideraban que se debía aplicar igual criterio para igual delito".
Por todo este proceso sobre la compra de la vivienda, Gálvez fue detenida en enero durante seis días y desde entonces su casa se encuentra precintada y en manos de las autoridades del régimen.
En abril Convivencia condenó todo el proceso alrededor de la economista y consideró que "formaba parte del hostigamiento continuado y creciente" contra su equipo.
"La sentencia que emane de ese proceso, como sabemos, tiene como fin limitar el trabajo del Centro de Estudios Convivencia, privarlo de su sede de estudios, desestabilizar y reprimir a sus miembros y atemorizar a los ciudadanos", puntualizó en pasados meses el equipo en un comunicado.
La vivienda de Gálvez fungía como sede del proyecto.
A finales de mayo, Convivencia sostenía: "No nos vamos de Cuba, a pesar de los momentos duros de represión que estamos viviendo".
La propia economista ha calificado todo este proceso como una "injusticia". En los pasados meses Convivencia informó que Gálvez había presentado un expediente ante organismos de derechos humanos de la ONU y explicó su caso a diplomáticos de la Unión Europea.