La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció este domingo que uno de sus principales líderes, Ovidio Martín Castellanos, esta en "prisión provisional" y acusado de "un falso delito de atentado".
El exprisionero de conciencia José Daniel Ferrer, líder de la organización, pidió solidaridad internacional para Martín Castellanos, detenido hace nueve días junto a un grupo de activistas y vecinos que habían ido a bañarse al río Ulloa, en San Luis, Santiago de Cuba.
La UNPACU calificó ese operativo de violento. Varios activistas fueron severamente golpeados, entre ellos Martín Castellanos, que sufrió una herida en la frente, recordó Ferrer.
Destacó que Martín Castellanos "es un cubano digno, valiente, luchador, un verdadero seguidor de Gandhi que merece todo nuestro apoyo y el de toda persona de bien, el de todo demócrata en cualquier nación de nuestro planeta".
Dijo que el activista "se ha ganado el respeto" de los vecinos de su barrio y de los miembros de la oposición interna.
"Ha sido detenido en numerosas ocasiones", recordó Ferrer. "Ha sido golpeado, arrastrado, su vivienda allanada, asaltada por fuerzas especiales del Ministerio del Interior (MININT) bien armadas, como si fuera una operación contra una célula terrorista del Estado Islámico", dijo.
"La policía política ha robado en muchas ocasiones a Ovidio sus equipos de trabajo, como laptop, teléfono, cámara fotográfica. También le han robado alimentos, dinero, juguetes y otras propiedades de la familia", añadió.
Ferrer consideró que si hasta ahora el régimen no había encarcelado a Martín Castellanos es porque sabe "que poco lograrían con eso".
"Ya él cumplió una larga prisión política por unos grafitis en los años 90 y es un hombre valiente, decidido, sacrificado, que sabe convencer a las personas en su medio", señaló.
Según Ferrer, el activista está recluido en la Unidad de Instrucción Criminal ubicada en las Alturas de Versalles, Santiago de Cuba, a la que describió como "un centro de detención y torturas del Ministerio del Interior".
"Atentado" es uno de los cargos que suele usar el régimen para encarcelar opositores. Con frecuencia es aplicado a activistas que han sido víctimas de abusos de la policía política.