La Fiscalía General de Cuba informó en un auto al presidente del movimiento político Somos+, Eliécer Ávila, que "se demostró" que cometió el delito de "actividad económica ilícita" y ordenó "decomisar alrededor de 1.000 artículos valorados en alrededor de 15.000 CUC", según explicó el propio líder a DIARIO DE CUBA.
"Este proceso hasta ahora ha sido un invento. El auto del fiscal demuestra que nunca hubo un delito ni un espíritu de actuar contra un delito, un auto totalmente político con el objetivo de destruir la organización y a nosotros como personas", denunció Ávila.
Sobre el auto, señaló que en un primer párrafo se puede leer: "Demostrado que se cometió el delito de actividad económica ilícita", pero que, sin embargo, "no dicen cómo lo demuestran ni qué investigación ni qué elementos consideraron".
"Todos los testigos que se presentaron fueron mis vecinos y declararon que yo no vendo nada ni realizo ninguna actividad económica, que todos los objetos personales que se ocuparon eran piezas personales que nos acompañaron durante años. No se sabe en qué se basa el fiscal para decir que el delito se ha demostrado", agregó Ávila.
Asimismo, denunció que a pesar del supuesto delito "demostrado" no le impusieron ningún tipo de sanción "ni siquiera una multa".
"Dice que a pesar de haberse demostrado el delito, por mis antecedentes (carencia de antecedentes penales) y por mi buena conducta durante el proceso, queda desestimado el delito. Es decir, no me imponen ni siquiera una multa porque si me imponían una yo podía negarme a pagarla y podríamos ir a juicio. Ellos lo que quieren es evitar el juicio porque allí podría demostrar públicamente que este proceso es una farsa y que todo es mentira", detalló Ávila.
Sobre el proceso iniciado hace cuatro meses contra él, Ávila lo catalogó de "totalmente ilegal": "No se le permitió a la defensa ver el expediente, al parecer nunca existió un expediente. Se violó el principio legal de competencias por territorialidad, las fiscalías y los tribunales tanto de la unidad que realizó las actuaciones como de mi residencia nunca tuvieron ningún tipo de conocimiento respecto al caso ni siquiera la Fiscalía provincial. Al cabo de cuatro meses llega este auto dictado por un fiscal de la Fiscalía general que no tiene porqué tener competencia ni conocimiento de un delito de receptación".
Atribuyó, asimismo, todo este proceso legal a una cuestión política: "Este auto es violatorio de la ley cubana y habla de receptación y de actividad económica ilícita por arriba, pero tiene un párrafo totamente político que dice que me dedico a hacer actividades de una organización no gubernamental ilícita no reconocida por el Ministerio de Justicia del país, que se llama Somos+. En función de eso, decomisan todas las piezas que fueron ocupadas durante el registro y las enlistan en diez páginas donde cada renglón es un objeto. Son cientos de objetos".
Entre los objetos hay "cuatro computadoras, diez teléfonos celulares, cinco cámaras fotográficas profesionales y semiprofesionales, ropa, tazas de tomar leche, discos duros, todo lo que se encontraron".
"La mitad de las cosas son de mi esposa que es fotógrafa profesional, no mías. Y ella no está acusada de nada. Son sus medios de trabajo que fueron ocupados", agregó Ávila.
Sobre las acciones que realizará, dijo que "en estos momentos estamos buscando la forma de apelar, de demandar, de poner un recurso para imputar esta decisión ilegal. Esto es lento, complicado, desgastante".
De momento, los abogados de Ávila "pusieron un recurso contra el auto en la Fiscalía General".
"No voy a aceptar este auto porque es aceptar que vengan y roben en tu casa. Yo no he cometido ningún tipo de delito y no puedo permitir que mi familia sea privada de todos los bienes que hemos acumulado en nuestra vida. Que venga la Seguridad del Estado nos lo robe y aceptemos esto", agregó.
Interrogado sobre la posibilidad de presentarse a las "elecciones" municipales que tendrán lugar en octubre próximo, Ávila señaló: "Ahora mismo estamos en proceso de determinar con los abogados (qué hacer), ellos iban a revisar la ley electoral. Nosotros vamos a seguir en el proceso. No tengo la respuesta exacta en este momento".
"Yo nunca he tenido ningún proceso legal con la Justicia, este es el primero. La administración de Justicia en Cuba está totalmente desarmada. Los fiscales no tienen la competencia que deberían tener. Realmente quien decide es el Gobierno, el gobierno de las localidades, la Seguridad del Estado", sostuvo.
"Los abogados (en Cuba) se sienten totalmente desprovistos de fuerza. La mayoría te dicen que 'es por gusto', 'esa gente no respeta nada', 'aquí hay ley por gusto'. Es decepcionante y desgastante todo esto. Por razones de principio y de honor continuaré en este proceso legal porque soy inocente", concluyó.
En abril pasado, en declaraciones a DDC, Ávila definió este proceso legal como "la primera arremetida contra mis intenciones de presentarme a las elecciones".
Activistas de organizaciones como #Otro18 o Candidatos por el Cambio han denunciado persecución y la implicación en procesos judiciales que anulan a varios candidatos para poder presentarse a los "comicios".
Uno de los últimos casos fue el de Ernesto López Matamoros, detenido en julio y liberado a las 48 horas. Al holguinero Rolando Columbié Patterson el régimen lo condenó a seis meses de prisión domiciliaria y a pagar una multa de 500 pesos por un supuesto delito de hurto. Antes había sido expulsado de su centro laboral.
A principios de este mes, el activista José Rolando Casares Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), y propuesto candidato independiente a las "elecciones" municipales por la plataforma #Otro18, fue conducido a una cárcel en Pinar del Río.