En el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se trata de levantar un obstáculo apoyado en una supuesta diferencia de concepciones acerca de los derechos humanos, la democracia y la soberanía. Por la importancia para el presente y futuro de Cuba, la comprensión de esos temas rebasa las relaciones entre gobiernos y requiere de la participación popular.
Desde esa visión emito mis opiniones e invitó a otros cubanos a emitir las suyas. En este primer trabajo me circunscribo a los derechos humanos y su relación con la democracia.
La historia constitucional de los derechos humanos, que comenzó en la Inglaterra del siglo III, tomó cuerpo en documentos como el Acta de Hábeas Corpus (1674) y la Declaración de Derechos (1689). Fuera de Inglaterra lo hizo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia (1789). A nivel mundial debutó con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948.
De la Declaración Universal emergieron múltiples instrumentos de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para los firmantes, como son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por las Naciones Unidas en 1966, puestos en vigor en 1976 y firmados por el Gobierno de Cuba en 2008. El proceso descrito está reflejado en las diferentes generaciones de derechos humanos que han surgido hasta hoy.
La primera generación, meramente política, vinculada con la revolución francesa, comprende las libertades de expresión, reunión, asociación, movimiento y hábeas corpus, conocidos como derechos fundamentales. Los mismos son el soporte del intercambio de opiniones, concertación de conductas, toma de decisiones, formación de asociaciones y garantía para la participación ciudadana. En Cuba, esta generación, aunque de forma insipiente dejó sus huellas en el articulado de las constituciones mambisas del siglo XIX, fue refrendada en la Constitución republicana de 1901, alcanzó su mayoría de edad en la Constitución de 1940.
La segunda generación, que comprende los derechos económicos, sociales y culturales, como el empleo, la seguridad social, la educación, la información y el derecho a la propiedad, entre otros, está relacionada con las condiciones de vida de las personas y constituye un factor de máxima importancia para la participación y realización de las personas.
Por su naturaleza y definición esos derechos son universales, indivisibles, sagrados, inalienables e imprescriptibles y constituyen un requisito insoslayable para la existencia y funcionamiento de la democracia.
Cuando los derechos mencionados se acompañan con la división y equilibrio entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con la existencia legítima de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y con el sufragio universal, tenemos entonces los ingredientes básicos que conforman un Estado de Derecho.
Ambas generaciones desempeñaron en Cuba un rol destacado en el desarrollo de la sociedad civil, el fortalecimiento de un empresariado nacional y la popularización y democratización de la cultura, la información y los conocimientos.
En Cuba esos fundamentos, aunque sufrieron períodos de inestabilidad y precariedad, existieron y desempeñaron un rol destacado en el desarrollo de la sociedad civil, el fortalecimiento de un empresariado nacional y la popularización y democratización de la cultura, la información, los conocimientos y en las luchas sociales. Sin embargo, en medio de la Guerra Fría y la confrontación con Estados Unidos, fueron desmontados.
Desapareció la división de poderes; se suplantó la Constitución de 1940 con la Ley Fundamental del Estado Cubano, unos estatutos que le confirieron al primer ministro las facultades de jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso; se desmanteló la sociedad civil y se suplantó con otra subordinada al Gobierno; se estatalizaron los medios de producción y de comunicación; y la soberanía se depositó en el Estado. De ese desmantelamiento emergió el inmovilismo social, el desinterés, la apatía y la desesperanza hasta desembocar en la actual crisis.
Como los hombres pueden retrasar la historia, pero no detenerla, el modelo totalitario fracasó y obligó a implementar reformas, tardías y limitadas que condicionaron la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El resultado ha sido un escenario mucho más favorable para emprender los verdaderos cambios que la sociedad cubana requiere, en un contexto en el que las reformas iniciadas y las relaciones con Estados Unidos no podrán ser revertidas. En ese escenario emergente los derechos humanos y la democracia están irrumpiendo en el debate, sobre todo después de los discursos pronunciados por el presidente Barack Obama durante su visita a Cuba.
En el editorial del diario Granma del pasado 9 de marzo —previo a la visita del mandatario norteamericano— se planteó que "Cuba defiende la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, civiles, políticos y económicos, sociales y culturales".
La interdependencia reconocida en el editorial, al no guardar ninguna relación con la realidad cubana, abre una brecha mayor para su debate y reclamación. En Cuba los derechos de la primera generación están limitados a la defensa del modelo político existente; mientras los de la segunda generación carecen de validez por la ausencia de los primeros y además, porque los salarios, que debe constituir la principal fuente de ingresos para la satisfacción de esos derechos, son insuficientes, lo que ha conducido a todo tipo de ilegalidades, a la corrupción generalizada y al creciente éxodo que está convirtiendo a Cuba en un país de ancianos.
Una vez declarado que "Cuba defiende la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, civiles, políticos y económicos, sociales y culturales", será extremadamente difícil justificar la no ratificación de los pactos firmados de derechos humanos desde el año 2008 y la no adecuación de las leyes vigentes al contenido de los mismos.
El editorial desmiente el argumento de la diferencia de concepciones sobre los derechos humanos y traslada la discusión a los intereses gubernamentales que le impiden hacerlo. Queda al desnudo pues, que la supuesta diferencia sobre derechos humanos es realmente un argumento puesto en función de ocultar la intención de no cambiar para conservar un modelo inviable y fracasado.