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Sociedad

Abogadas independientes denuncian en la ONU la violencia del Estado contra las mujeres

En un informe, detallaron la desprotección ante la violencia doméstica, la indefensión de las menores ante abusos sexuales y la especial situación de las mujeres negras, homosexuales y disidentes.

Madrid

"La brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado (…) contra las mujeres disidentes es avalada por el Estado" y "ejemplifica la violencia institucionalizada como medio para reprimir a las mujeres opositoras", dijeron las abogadas independientes cubanas Laritza Diversent y Yaremis Flores en un informe presentado ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) la semana pasada.

Diversent y Flores incluyeron en su informe la desprotección de las mujeres ante la violencia doméstica, la indefensión de las menores ante abusos sexuales, las desventajas en el acceso al trabajo y la especial situación de las mujeres negras y homosexuales, entre otros temas.

"En los centros de detención los agentes utilizan la violencia, la ofensa y el agravio sexual como medio de  represión" contra las mujeres, dijeron las abogadas, que han sido víctimas de esas prácticas por sus labores de denuncia de la situación de los derechos humanos en la Isla y la asesoría legal que brindan a opositores y otros ciudadanos a través del independiente Centro de Información Legal Cubalex.

A las disidentes "las encierran en calabozos sin condiciones higiénicas (…) llegando incluso a compartir celdas con hombres", dijeron en el documento.

"En algunos casos las obligan a desnudarse o las desnudan por la fuerza, las obligan a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales" y se ha reportado la denuncia de una opositora a la cual le introdujeron "un bolígrafo en la vagina, bajo la justificación  de que buscan objetos de grabación", añadieron.

Se refirieron, además, a las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, que el organiza el régimen para reprimir a opositores, "incluso con el empleo de la violencia".

"Es absoluta la inacción del Gobierno respecto a las personas que participan en los mítines de repudio contra las Damas de Blanco y otras mujeres opositoras, actos que atentan contra el orden público, grupos que se reúnen para promover odio contra los opositores del Gobierno y la apología de la revolución socialista, a lo que se suman los medios de comunicación, con campañas de descrédito de estas mujeres, que no tienen oportunidad para ejercer su derecho a réplica", criticaron.

Los órganos policiales, por su parte "no tienen reparos en golpeara una mujer", denunciaron las activistas. Recordaron que "han recorrido el mundo las imágenes de policías y fuerzas paramilitares golpeando a mujeres opositoras, en particular Damas de Blanco".

"La condición sexual así como la afrodescendencia, son factores predisponentes al maltrato institucional; lo que se ratifica al escuchar comentarios despectivos y obscenos por parte de los funcionarios estatales, incluida la violencia directa por parte de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria", dijeron.

Mencionaron asimismo los casos de varias mujeres detenidas por motivos políticos, entre ellos el de la afrodescendiente Sonia Garro, presa desde hace más de un año sin haber sido sometida a juicio.

Advirtieron que los disidentes sometidos a procesos judiciales no pueden contratar abogados independientes, deben encomendarse a profesionales de bufetes controlados por el régimen.

La violencia doméstica, amparada por la Policía

Diversent y Flores recogieron también en su informe a la CEDAW la extendida violencia doméstica de la Isla, frente a la cual las mujeres no cuentan con la protección de las leyes y de la Policía, que con su actuación más bien ampara las acciones de los agresores.

"La ley penal no tiene definida la violencia doméstica y/o de género. Tampoco esa conducta se contempla como agravante en los delitos como asesinato, amenazas, coacción, lesiones y otros, cuando la víctima es una mujer", dijeron.

"Por lo general cuando las mujeres acuden a la estación policial a formular denuncias por violencia (de sus parejas), no son admitidas por los agentes, bajo el argumento que es la palabra de uno contra la del otro", indicaron.

"En la mayoría de los casos les imponen multas administrativas tanto a la mujer como al presunto agresor, por el delito de desorden público, para obligarlas a desistir de su empeño, o las amenazan con procesarlas o dejarlas detenidas si vuelven a denunciar, porque ellos no están 'para bretes de mujeres'", afirmaron las abogadas.

En otros casos, las autoridades "archivan la denuncia a solicitud de la víctima, en delitos que son perseguibles de oficio (…) circunstancias que derivan en situaciones de impunidad y riesgo para las mujeres".

Diversent y Flores criticaron que en el país no existen instrumentos de protección para las mujeres maltratadas como "la orden de restricción o alejamiento". Tampoco, "centros especializados para proteger y refugiar a las mujeres víctimas de violencia".

Recomendaron solicitar al Estado cubano estadísticas de los "crímenes pasionales donde figuran las mujeres como víctima y las medidas para su prevención", y que se exija al Tribunal Supremo de la Isla "la cifra de amenazas ventiladas judicialmente por motivos pasionales, y un seguimiento de cuáles de esas amenazas devinieron crímenes".

El Gobierno no suele publicar ese tipo de datos.

Desprotección de niñas y mujeres ante agresiones sexuales

Las activistas de Cubalex dedicaron otra parte de su informe a la indefensión de las menores ante los abusos sexuales, la prostitución y otras agresiones.

"En el país no existe una estructura adecuada para prevenir la trata de personas y la prostitución y en consecuencia proteger a las mujeres y niñas contra estos actos", dijeron.

"En los delitos de violación, pederastia con violencia, abusos lascivos, las niñas quedan desprotegidas en caso de que sea su representante legal o la persona que tenga su guarda y cuidado, quien abuse sexualmente de ellos, en especial aquellas que están internadas en instituciones estatales", alertaron.

La ley "exige para proceder desde el punto de vista penal, la denuncia de la persona agraviada, cualquiera que sea su edad, su representante legal o persona que la tenga bajo su guarda y cuidado, salvo en los casos que hubieran producido escándalo, en los que basta la denuncia de cualquier persona", explicaron.

Por otra parte, las abogadas revelaron una alarmante cifra de matrimonios de adolescentes en la Isla.

"En Cuba se fija como edad para contraer matrimonio, 16 años para el hombre y para la mujer, 14 años, con autorización de sus padres, lo que implica que dentro de la legislación y política del Estado se mantiene la idea de que la mujer tiene un ritmo de desarrollo intelectual diferente al del hombre, y que su etapa de desarrollo físico e intelectual al contraer matrimonio carece de importancia", indicaron.

"En 2009, contrajeron matrimonio 2.744 niñas entre 14 y 18 años de edad", detallaron las activistas. "Se casaron con 14 años, 59; de ellas 47 lo hicieron con hombres entre 19 y 34 años de edad y una con un hombre de 54 años de edad. De las 172 que se casaron con 15 años de edad, 153 lo hicieron con hombres entre 19 y 44 años de edad. De las 361 niñas casadas con 16 años, 322 lo hicieron con hombres entre 19 y 69 años de edad", dijeron.

"La ley penal no ha criminalizado la tenencia de relaciones sexuales con menores de edad ni es lo suficientemente clara y enérgica en reprimir las relaciones sexuales con mujeres soltera mayores de 12 años y menores de 16", destacaron. Mientras, "las niñas que sobrepasan esta edad hasta los 18 años, no encuentran protección penal efectiva en la legislación ni en la práctica (…) son tratadas como mujeres adultas".

La desprotección de las niñas, especialmente las que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad, las convierte en un grupo "especialmente vulnerable a la explotación y abuso sexual con los consiguientes riesgos para la salud" como las enfermedades de transmisión sexual, "embarazos no deseados, abortos peligrosos, violencia y agotamientos psicológicos", afirmaron las activistas.

Prostitución

En cuanto a la prostitución, Diversent y Flores expresaron preocupación por el hecho de que la ley cubana establece que las mujeres que la ejercen pueden ser juzgadas bajo el cargo de "índice de peligrosidad por conducta antisocial", que el Gobierno suele utilizar para enviar a prisión lo mismo a disidentes que a otros ciudadanos con conductas contrarias a sus intereses.

Las abogadas señalaron que, tras cumplir sanciones, muchas mujeres vuelvan a ejercer la prostitución, ante la falta de opciones.

"No existe ninguna disposición legal que reprima la demanda de la prostitución ni campañas de concientización al respecto por parte de los medios de comunicación a pesar de ser un fenómeno visible y tolerado desde el punto de vista social", dijeron.

El Gobierno suele negar la existencia de la prostitución en la Isla, una práctica que se ha extendido, con el empeoramiento de la crisis económica, desde los años noventa.

Las abogadas de Cubalex pidieron al comité de la ONU que solicite al La Habana información sobre la cantidad de mujeres que han sido condenadas por ejercer la prostitución. Además, que el Gobierno "identifique a las mujeres que ejercen la prostitución, como víctimas, castigue la demanda y no la oferta de servicio sexuales y brinde estadísticas sobre las mujeres y niñas víctimas de explotación sexual".

Mujer, negra y pobre: la triple discriminación

Dentro del contexto en el que viven las mujeres cubanas, Diversent y Flores resaltaron especialmente al situación de las afrodescendientes y la calificaron de "crítica".

"Cubalex considera (…) que han sufrido una triple discriminación histórica, en base a su sexo, pobreza extrema y a su raza, y que en el plano interno no se tienen en cuenta, a la hora de adoptar políticas estatales, sus necesidades especiales", dijeron en su informe.

Solo un 30% de las afrodescendientes mayores de 15 años "son activas económicamente", señalaron. Agregaron que por lo general "están marginalizadas en barrios periféricos de las ciudades o/y de alta criminalidad y pobreza, conocidos popularmente como barrios de negros".

Muchas de estas mujeres y sus hijos son víctimas de los desalojos que el Gobierno ha incrementado en los últimos años con el pretexto de que ocupan espacios o inmuebles de forma ilegal.

En estos casos, el Estado "no tiene la obligación de reubicar a los afectados, tampoco les da acceso a recursos judiciales ni repara si la medida afecta a menores", dijeron las abogadas.

Añadieron que los datos que publica la Oficina Nacional de Estadísticas, lejos de ser empleados "para atenuar la situación" de triple discriminación que sufren las mujeres afrodescendientes, "exaltan la injusticia histórica de la cual es víctima la raza negra". Esto "podría alimentar más las formas contemporáneas de racismo y el prejuicio racial en la sociedad cubana", consideraron.

En este sentido, las activistas pidieron al Estado cubano que ofrezca a la CEDAW información "sobre la situación y condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes e incorpore el enfoque de género al momento de diseñar sus políticas públicas, tomando en cuenta las necesidades específicas" de estas mujeres.

Asimismo, que "destine los recursos humanos y financieros suficientes y específicos que permitan no solo combatir los prejuicios y estereotipos raciales sino también mejorar las condiciones de vida de las personas afrodescendientes en lo referente al acceso a la salud, vivienda, educación y trabajo, haciendo especial hincapié en la situación de múltiple discriminación que padecen las mujeres afrodescendientes".

En su documento, las abogadas de Cubalex se refirieron también a la situación de las mujeres que pertenecen a la comunidad LGBT, "ignoradas dentro del plano interno y doblemente discriminadas", por sexo y orientación sexual.

Las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, "en especial las afrodescendientes que públicamente asumen su orientación sexual, sufren una doble discriminación en el empleo", entre otras injusticias, dijeron.

"Son sometidas a 'tratamientos especiales' en su entorno laboral, principalmente por los dirigentes de los centros de trabajo, que las califican despectivamente como 'machorras'", en comparación con "las mujeres clasificadas como 'normales'", señalaron.

Denunciaron que las mujeres de la comunidad LGBT son muchas veces enviadas a puestos con "bajos salarios o que requieran mayor esfuerzo físico, basándose en su orientación sexual. Otras veces son hostigadas dentro del centro por los propios dirigentes para obligarlas a solicitar baja laboral de forma 'espontánea'".

En general, indicaron Diversent y Flores, aún existen la Isla restricciones para que las mujeres ejerzan el trabajo en unas 300 actividades, con el argumento de que sus características físicas no son las adecuadas.

Las normas legales describen de forma constante a las mujeres "como grupo débil y vulnerable y que necesita medidas extraordinarias o 'especiales' para participar o competir en la sociedad, lo que refuerza actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados en relación con las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la sociedad cubana", dijeron.

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