La cantante Shakira intentó demostrar este jueves, en una declaración como investigada por fraude fiscal, que no residió en España hasta 2015, cuando escolarizó a su hijo Milan y empezó a construir algo parecido a una "familia tradicional" junto al defensa del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué.
Hasta entonces era una "nómada sin raíces", según se antodefinió ante la juez, pues vivía lo mismo en Nueva York que en Bahamas y, ocasionalmente, en Barcelona.
Esa cuestión es clave en la causa que afronta por defraudar 14,5 millones a Hacienda: la Fiscalía considera que, entre 2012 y 2014, ya era residente en España y debía pagar sus impuestos en el país.
Shakira no atribuyó la gestión de su economía a familiares cercanos, sino a "los mejores asesores", que ella misma contrataba para estar tranquila, indicó el diario El País.
La colombiana dice no entender cómo, después de devolver las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda, afronta un proceso penal por seis delitos fiscales, ni cómo puede sostenerse la acusación de que vivía en España cuando la realidad es que no tenía un domicilio fijo.
Hacienda investigó la vida de la artista para llegar a la conclusión de que desde 2012 su morada estaba en Barcelona, por mucho que tuviera "ausencias esporádicas" por motivos de trabajo.
Para Shakira, ocurrió justo lo contrario. Las visitas a España fueron esporádicas al principio, para hacerse más frecuentes a medida que se afianzó su relación con Piqué. Incluso cuando la pareja tuvo a su primer hijo, Milan, eso no le ancló en Barcelona.
"Era una mamá canguro", deslizó antes de explicar que se llevaba a su hijo con ella a todas partes, y que incluso le amamantaba en el set de The Voice, el concurso televisivo donde trabajó.
En su querella, la Fiscalía dice que los asesores de Shakira crearon una "estructura societaria" en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos. A preguntas de su abogado, la artista explicó que el diseño de esa red de empresas, en 2007, fue obra de su expareja, Antonio de la Rúa. La relación se rompió cuando Shakira conoció a Piqué y De la Rúa siguió instalado en la casa que antes compartían en Bahamas.
Messi, otra vez exigido por la Justicia
Federico Rettori, un cooperante argentino que trabajó para la Fundación Leo Messi entre los años 2012 y 2015, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional de España contra la estrella del Barcelona, su padre, Jorge Horacio Messi, y contra la entidad como persona jurídica por los manejos en la ONG del futbolista.
La denuncia va acompañada de distintas informaciones y varios documentos que desveló el diario español ABC, entre ellos el reporte de una transferencia de 300.000 dólares que una sociedad pantalla del futbolista cobró en Luxemburgo pese a ser ingresos de la ONG.
Rettori ya denunció estos hechos en Buenos Aires, donde el juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8, abrió una investigación en la que están imputados Messi, su padre y otras personas, por ocultamiento de activos y blanqueo.
La querella presentada en la Audiencia Nacional por el abogado Antonio Alberca refiere a presuntos delitos contra la Hacienda Pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales.
La denuncia sostiene que los ingresos "originalmente debían ser destinados a acciones sociales, y en cambio, fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha Fundación".
Rettori sostiene que los hechos deben investigarse también en España, ya que es donde opera y está registrada la Fundación Privada Leo Messi, en concreto en Barcelona. Esta ONG es la matriz de la delegación argentina, fundación que se puso en marcha en Rosario, localidad natal del futbolista, gracias al envío de 560.000 euros desde Barcelona en tres giros, uno de 60.000 y dos de 250.000 euros, tal y como reflejan los documentos de constitución de la delegación argentina, a los que tuvo acceso ABC.
La Fundación Messi usó para los cobros la misma estructura offshore que quedó al descubierto en la causa por tres delitos fiscales abierta al futbolista a título personal. En mayo de 2017, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó la condena de 21 meses de prisión y multa de 2.093.000 de euros impuesta al futbolista como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos en sus declaraciones de impuestos de 2007, 2008 y 2009, "en los que defraudó a Hacienda 4,1 millones de euros de los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen".
Finalmente, la sentencia rebajó de 21 a 15 meses de prisión la pena impuesta a su padre como "cooperador necesario".
La denuncia también cita una investigación que sostiene que las donaciones que el Fútbol Club Barcelona y su fundación han realizado a la ONG del futbolista son en realidad sobresueldos para Messi que deberían haber sido tributados.