La Habana acoge desde este martes el congreso CE-GESTA 2026, presentado por el Gobierno cubano como el principal evento nacional dedicado al desarrollo territorial, el cooperativismo y la gestión local. Más de 800 delegados e invitados, 320 ponencias, 24 paneles especiales y representantes de más de 15 países participan en la cita, organizada por instituciones oficiales y respaldada por organismos internacionales como la ONU, según recogió el portal oficial Cubadebate.
La magnitud del evento contrasta con la realidad que enfrentan millones de cubanos. Mientras autoridades, académicos y funcionarios discuten durante tres días sobre innovación, transformación económica y desarrollo sostenible, la población sufre apagones prolongados, problemas de abastecimiento de agua, escasez de combustible y servicios públicos cada vez más deteriorados.
El mismo martes en que comenzó el congreso, la termoeléctrica de Felton, en Holguín, dejó de generar electricidad. La Unión Eléctrica anunció que permanecerá fuera de servicio durante al menos 21 días, un nuevo golpe al suministro en medio de los apagones.
La falta de agua afectaba el 3 de noviembre a más de 2,68 millones de personas en Cuba, según cifras oficiales. En ese contexto, iniciativas independientes intentan atender necesidades básicas que las instituciones estatales no garantizan. Es el caso de Agua Segura para Cuba, una campaña que busca reunir 3.000 dólares para proporcionar medios de potabilización a más de 100 familias del barrio Zamora, en el municipio habanero de Marianao.
Sus promotoras, la activista Gisselle Ordóñez Milián y Katherine T. Gavilán, coordinadora de la Red de Ayuda Humanitaria, explicaron a DIARIO DE CUBA que la iniciativa había comenzado a comprar pastillas potabilizadoras sin esperar a alcanzar la meta de recaudación. Las primeras entregas estaban previstas para 25 familias vulnerables, con prioridad para hogares con niños, embarazadas, ancianos y personas enfermas. Según Ordóñez Milián, algunos vecinos apenas sobreviven recogiendo agua de lluvia para beber y atender otras necesidades domésticas.
Durante la inauguración del congreso, el presidente del comité organizador, Carlos César Torres Páez, reconoció que Cuba atraviesa una crisis energética marcada por el déficit de combustible y las dificultades para adquirir tecnologías y repuestos. Sin embargo, atribuyó la situación fundamentalmente al embargo estadounidense y a las sanciones de Washington.
El discurso oficial insistió en la necesidad de impulsar la autonomía municipal, la descentralización de competencias, el fortalecimiento de las cooperativas y las mipymes, así como la articulación entre los actores económicos. Según Torres Páez, el desarrollo local ha dejado de ser un discurso para convertirse en una política de Estado.
La promesa de descentralización no es nueva. En junio, Díaz-Canel anunció un paquete que permitiría a los municipios importar y exportar, gestionar ingresos en divisas y aprobar inversiones.
El reporte oficial sobre el congreso no ofrece indicadores concretos que permitan evaluar el impacto de estas políticas tras años de programas y encuentros dedicados a los mismos objetivos. Tampoco presenta resultados sobre el aumento de la producción, la mejora de los servicios o la recuperación económica de los municipios.
El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Pablo Ruiz Hiebra, expresó durante el evento el respaldo del sistema de la ONU a las transformaciones económicas y sociales impulsadas por el Gobierno cubano y destacó la importancia de trasladarlas a los territorios.
El teólogo brasileño Frei Betto, asesor del Gobierno cubano y de la FAO en el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, intervino por videoconferencia con una afirmación que contrasta con la realidad de la Isla: "El desarrollo no es crecer, es vivir con dignidad". Según explicó, producir más no basta si la población no puede vivir mejor, ampliar su libertad y participar en las decisiones que afectan su vida.
Sin embargo, al referirse a Cuba, atribuyó al embargo estadounidense que derechos como la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento no estén plenamente garantizados. Su intervención no incluyó un examen de la responsabilidad de las autoridades a las que asesora ni de los resultados de las políticas alimentarias en las que colabora.
La dignidad que reivindicó tropieza con la aritmética cotidiana de trabajadores y jubilados. En octubre, DIARIO DE CUBA documentó huevos a 135 pesos la unidad: un cartón de 30 costaba 4.050 pesos, por encima del salario mínimo mensual de 3.210 y de las pensiones de 3.056 pesos que reciben parte de los jubilados. El ingreso íntegro de un mes no alcanzaba para comprarlo, aun sin destinar nada a otros alimentos, medicamentos o servicios básicos.
"La solidaridad no consiste en sustituir los derechos por gestos de generosidad", sostuvo también Betto. Pero para los ancianos cuyas pensiones no permiten cubrir una alimentación suficiente, depender de familiares o de iniciativas solidarias no es una elección. "Con una pensión de 3.000 pesos no puedo comprar ni una bolsa de leche", denunció una jubilada entrevistada por DIARIO DE CUBA: una medida concreta de la distancia entre la dignidad proclamada y las condiciones materiales para ejercerla.
Entre las críticas publicadas en los comentarios del propio reporte de Cubadebate, una lectora escribió: "Muchos congresos, reuniones, celebraciones, pocos resultados".
