El Tribunal Supremo de España admitió este jueves la personación de la Asociación Cubanos por la Democracia (ACD) y la Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM) en el proceso que examina si la llamada Ley de Nietos alteró el censo electoral de forma fraudulenta.
"El Supremo nos acaba de notificar la admisión de la personación, tanto de ADEM como de ACD, las dos asociaciones que nuestro despacho está representando. Ahora se emplaza al resto de partes para que se pronuncien sobre el recurso que adoptaba las medidas cautelares", informó a DIARIO DE CUBA el abogado del caso, Reimel Ariosa Méndez.
En una segunda providencia, el alto tribunal admite también la personación de otras asociaciones que se presentaron con posterioridad.
"Estamos hablando, por tanto, de varias ONG y de un total de 67 particulares que se encuentran ya personados en la causa", apuntó el letrado.
El Gobierno español entregó al Supremo la lista con las 163.355 personas afectadas, después de la paralización del derecho al voto por denuncias de los partidos Vox y Iustitia Europa.
La lista contiene a exiliados por razones políticas, según el criterio inicial fijado por la Ley de Memoria Histórica de 2022, pero también a los se beneficiaron de la ampliación para todos los nietos de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.
De acuerdo con medios locales, solo 901 beneficiados han acreditado ser descendientes de exiliados y podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
"Ahora, el Tribunal Supremo tendrá que conocer el recurso que interpusimos, para resolver si suspende las medidas cautelares, las mantiene o las modifica. La consecuencia más grave que se teme es que una eventual declaración de ilegalidad afecte a quienes ya adquirieron la nacionalidad o mantienen solicitudes en trámite", advirtió Ariosa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó, sin embargo, aceptar las peticiones de "nulidad de actuaciones" planteadas por varios personados y recordó que la ley española exige que solo vayan dirigidas contra resoluciones judiciales firmes.
