Varias madres y una abuela de Cuba llegaron a México con visas humanitarias para emprender la búsqueda de sus familiares desaparecidos el 21 de diciembre del 2024 en Chiapas, cuando iban en tránsito hacia la frontera norte de ese país utilizando redes de tráfico de personas.
Según reportó el diario El Universal, las cubanas van acompañadas por integrantes de la Red Regional de Familias Migrantes, quienes las guían en su búsqueda en "sitios clave", al tiempo que recaban información con la población local en municipios de la costa del Pacífico mexicano por donde corre la carretera federal 200, que es usada por los migrantes desde hace varias décadas.
El miércoles 6 de mayo el grupo visitará Tapachula, donde sus familiares desaparecidos permanecieron durante varios meses a la espera de recibir un permiso para su estancia legal en México, y donde contactaron a grupos de tráfico que los trasladaron rumbo norte.
Reseña el reporte que el 21 de diciembre de 2024 seis cubanos, un hondureño y otros 13 migrantes de varias nacionalidades desaparecieron entre las poblaciones de Barra San José, en el municipio de Mazatán, Chiapas, y Juchitán, en Oaxaca, mientras eran trasladados vía marítima en un trayecto de 420 kilómetros.
Esa fecha fue la última en que se tuvo noticias de Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años, de Santiago de Cuba; Lorena Rosabal Guevara, de 28 años de edad, también de Santiago de Cuba; Ricardo Antonio Hernández Barahona, de Honduras; así como de Elianis Caridad Morejón Pérez, de 19 años; Dayranis Tan Ramos, de 32 años; Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años, y su madre, Meiling Álvarez Bravo, de 41 años, todos de Cuba.
Entre los desaparecidos en el mismo grupo aparece además el ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza, de 21 años de edad.
Los migrantes permanecieron varios días en una casa de color verde en Barra San José, donde los traficantes estacionaban varias camionetas.
Un grupo de alrededor de 20 personas abordó una lancha hacia Juchitán, según contaron algunos en llamadas telefónicas con sus familiares. Los cubanos Jorge, Dayranis y Elianis llamaron a Cuba entre las 7:45 y las 8:21 AM de ese día para avisar que emprenderían la travesía. Fue esta la última vez que se supo de ellos.
De acuerdo con El Universal, el hondureño Ricardo Antonio fue visto a las 10:00 AM de ese día en la cabecera municipal de Mazatán, indica una ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía.
Las madres y una abuela cubana que integran el grupo usan pulóveres con las fotos de sus parientes desaparecidos. Además de miembros de la Red Regional de Familias Migrantes, las acompañan funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas.
El reporte del diario local indica que las cubanas han conocido testimonios de pobladores locales sobre desapariciones de personas. Entre ellos, Lourdes Lara de la Rosa, del poblado Tres Picos, del municipio de Tonalá, contó cómo el 22 de octubre de 2022 hombres armados se llevaron a su hijo Arizandi Villareal Lara. Hasta la fecha ignora su paradero.
Desde entonces, Lara de la Rosa emprendió la búsqueda.
A inicios de abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) calificó como probables crímenes de lesa humanidad las decenas de miles de desapariciones en ese país, a lo cual la Cancillería local reaccionó calificando el informe como "tendencioso" e infundado.
Existe una creciente presión internacional por la magnitud del fenómeno de personas desaparecidas en México, que superan las 130.000 desde 2006.
El CED anunció su decisión de elevar el asunto a la Asamblea General de la ONU apoyado en la existencia de "indicios fundados" de desapariciones forzadas en el país, incluyendo posibles casos con participación directa o indirecta de funcionarios públicos.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, recalcó que el derecho internacional no exige que estos crímenes se produzcan a nivel nacional ni desde las más altas esferas, pues basta con la existencia de patrones sistemáticos contra la población civil.
El organismo también advirtió de la falta de claridad en los registros oficiales y la persistencia de fosas clandestinas en el país.
Pese a la reacción oficial, grupos de familias buscadoras de desaparecidos de la Ciudad de México sostuvieron que el documento no es "tendencioso" ni "falto de rigor", sino el reconocimiento internacional de una crisis de desapariciones vigente que el Estado mexicano "se niega a asumir".
"El Gobierno afirma que el informe carece de sustento. Nosotras respondemos: el rigor jurídico está en las más de 133.000 sillas vacías en nuestras mesas (pese al intento de rasurar el registro) y en los más de 83.000 cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar", precisaron.
