La Cancillería de México rechazó el jueves 2 de abril el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) que calificó como probables crímenes de lesa humanidad las decenas de miles de desapariciones en ese país, al considerarlo "tendencioso" e infundado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana señaló que no existe una política estatal de desapariciones forzadas y que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado reformas estructurales sobre el tema desde 2025.
El rechazo del Gobierno mexicano se produce en un contexto de creciente presión internacional por la magnitud del fenómeno de personas desaparecidas en el país, que superan las 130.000 desde 2006.
La Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que el informe del CED no tiene en cuenta las observaciones presentadas por el Gobierno y que sus conclusiones no se ajustan a la definición internacional de desaparición forzada.
Según el Ejecutivo, el procedimiento activado por el Comité —basado en el artículo 34 de la Convención— está diseñado para contextos donde existen prácticas sistemáticas por parte del Estado, algo que México niega rotundamente.
El Gobierno federal sostuvo que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y afirmó que, "a diferencia de periodos anteriores", no existen indicios de una política federal de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
"El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas", subrayó el comunicado oficial. El CED justificó su decisión de elevar el asunto a la Asamblea General de la ONU en la existencia de "indicios fundados" de desapariciones forzadas en el país, incluyendo posibles casos con participación directa o indirecta de funcionarios públicos.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, recalcó que el derecho internacional no exige que estos crímenes se produzcan a nivel nacional ni desde las más altas esferas, sino que basta con la existencia de patrones sistemáticos contra la población civil.
El organismo también advirtió de la falta de claridad en los registros oficiales y de la persistencia de fosas clandestinas en el país.
A pesar de las discrepancias, el Gobierno de México aseguró que mantiene su disposición a la cooperación internacional, aunque rechazó cualquier evaluación que, a su juicio, parta de premisas erróneas.
Pese a la reacción oficial, grupos de familias buscadoras de desaparecidos de la Ciudad de México sostuvieron que el documento no es "tendencioso" ni "falto de rigor", sino el reconocimiento internacional de una crisis de desapariciones vigente que el Estado mexicano "se niega a asumir".
En una declaración citada por el medio mexicano Proceso, dijeron haber recibido "con indignación absoluta" la postura oficial. "La decisión histórica del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU con carácter de urgencia confirma que la crisis ha superado la capacidad del Estado. La disputa por el diagnóstico no nos devuelve a nuestros seres queridos", enfatizaron.
"Las desapariciones forzadas siguen existiendo, no son cosa de administraciones pasadas", cuestionaron.
"Para nosotras, el diagnóstico de la ONU no es una postura política ni un ataque a la soberanía; es el eco de nuestras voces y el reconocimiento de una tragedia que el Estado mexicano se niega a encarar", sentenciaron.
"El Gobierno afirma que el informe carece de sustento. Nosotras respondemos: el rigor jurídico está en las más de 133.000 sillas vacías en nuestras mesas (pese al intento de rasurar el registro) y en los más de 83.000 cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar", precisaron.
En su opinión, la descalificación del CED implica desconocer tanto la evidencia acumulada como el trabajo realizado fuera de las instituciones: "Es descalificar años de nuestra propia documentación, de peritajes independientes y del testimonio de quienes hemos tenido que aprender leyes y antropología forense ante la omisión de las autoridades".
"Defender la soberanía no es rechazar la ayuda internacional; la verdadera soberanía se demuestra garantizando seguridad y justicia", añadieron.
Advirtieron que negar la asistencia internacional tiene consecuencias operativas en la búsqueda: "El Estado da la espalda a una oportunidad real de profesionalizar la búsqueda y la identificación. No aceptar esta ayuda es condenarnos a seguir buscando solas, con nuestros propios recursos y bajo riesgos constantes".
"La participación de agentes estatales —por acción, omisión o aquiescencia con el crimen organizado— no es un invento; es una verdad documentada en expedientes que no avanzan y en vehículos oficiales que han sido testigos de la tragedia", precisaron.
Además, los grupos de la sociedad civil exigieron que el Estado mexicano reconozca el carácter grave y sistemático de la crisis, tal como lo señala el CED; acepte la asistencia técnica internacional en áreas de búsqueda y análisis forense de manera inmediata; ofrezca acceso pleno a la verdad, sanción a los responsables (incluyendo agentes estatales) y fin de la manipulación de cifras en el Registro Nacional.
"Nuestra exigencia de verdad no tiene partido ni agenda oculta; nuestra única agenda es encontrarles. El mundo ya lo ve. Es hora de que el Estado deje de negar la verdad y actúe. ¡Hasta encontrarles!", finalizaron.
El posicionamiento de los grupos de familiares se sumó a la respuesta del Centro de Derechos Humanos Agustín ProJuárez, que también cuestionó la descalificación del Gobierno al informe del CED y sostuvo que dicha reacción "no está a la altura de la crisis".
