La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, abordó la situación de Cuba durante la 50ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno del CARICOM, celebrada en St. Kitts y Nevis, situando el debate en el marco de las relaciones históricas y políticas entre el bloque caribeño y La Habana.
En su intervención, Persad-Bissessar defendió el derecho de la ciudadanía cubana a elegir a sus gobernantes y subrayó lo que calificó de incoherencia política regional. Recordó que todos los mandatarios presentes fueron electos mediante procesos democráticos libres y justos y cuestionó por qué ese principio no se extiende a Cuba.
"No se puede abogar por que otros vivan bajo el comunismo y la dictadura mientras uno quiere vivir bajo la democracia y el capitalismo", afirmó. "Es una contradicción: para nosotros queremos una democracia libre, pero al pueblo cubano le decimos 'lo siento por ustedes'. Eso resulta insostenible".
Persad-Bissessar puntualizó que su postura no implica indiferencia hacia la población cubana. "Empatizo con el pueblo de Cuba, con la buena gente de Cuba, pero allí existe un régimen dictatorial que ninguno de nosotros quiere en nuestros países". En ese sentido, sostuvo la necesidad de "encontrar un mecanismo para atender los esfuerzos humanitarios en favor del pueblo", sin que ello suponga respaldar o fortalecer al régimen. "No podemos y no vamos a apoyar la dictadura en Cuba ni en ningún otro lugar", añadió.
El planteamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre La Habana y Washington. La administración estadounidense ha anunciado sanciones y restricciones de visado dirigidas a personas y entidades vinculadas a la exportación de servicios profesionales cubanos, en particular las brigadas médicas, bajo el argumento de que estos programas implican prácticas coercitivas o trata de personas. Las medidas se han extendido a otros sectores, incluido el suministro de combustible a la Isla.
La reacción inicial del CARICOM fue respaldar al régimen de Cuba y a los Estados miembros que reciben brigadas médicas. Diversos jefes de gobierno defendieron la cooperación sanitaria con La Habana como un mecanismo legítimo de colaboración Sur-Sur y un apoyo esencial para sistemas de salud estructuralmente frágiles. En declaraciones públicas, subrayaron que la presencia de personal cubano ha sido determinante en zonas rurales y en situaciones de emergencia, incluida la pandemia.
No obstante, en los últimos meses al menos ocho países han anunciado la cancelación, o pausado la contratación de galenos cubanos, incluido Trinidad y Tobago. Las misiones médicas constituyen la principal fuente de ingresos externos de La Habana, con entradas superiores a 4.800 dólares anuales, de los cuales menos del 2% se reinvierte en la Salud Pública. Paralelamente, han sido objeto de denuncias reiteradas por la retención de salarios, las restricciones contractuales y las limitaciones a la libertad de movimiento de los profesionales. Algunas de estas acusaciones han sido rechazadas por el Gobierno cubano, mientras otras, como la retención de pasaportes, fueron admitidas por el ministro de salud, José Ángel Portal Miranda, y por Miguel Díaz-Canel.
Sin impugnar directamente los acuerdos médicos, la intervención de Persad-Bissessar desplazó el foco tradicional del debate regional sobre Cuba —históricamente centrado en el impacto humanitario de las sanciones estadounidenses y en la demanda de servicios sanitarios— al plano político y democrático. Su argumento situó como eje la discusión sobre los derechos políticos y la representación en una región donde Cuba es el único país que no celebra elecciones multipartidistas competitivas.
El escenario refleja un giro en la tensión diplomática creciente con relación a Cuba: ya no se trata solo de presiones de Washington. También dentro del bloque caribeño hay figuras que abogan por una transición hacia la democracia en la Isla.
