El anuncio del Gobierno cubano de que las provincias afectadas por el huracán Melissa —con excepción de Santiago de Cuba— entraban en la "fase de normalidad" genera algunas interrogantes, sobre todo por el destino de la ayuda humanitaria que sigue llegando al país y por la continuidad real de las obligaciones estatales en un escenario donde persisten daños severos, comunidades sin servicios básicos y sectores vulnerables en situación crítica.
Aunque el decreto de normalización implica la desmovilización de los órganos temporales de dirección y de algunos recursos activados durante la emergencia, la legislación cubana es clara: la obligación de proteger a la población y administrar correctamente los auxilios no termina con el cierre de la fase de respuesta.
El Gobierno nunca declaró estado de emergencia, pese a la magnitud del desastre
El Decreto-Ley 170/1997 de la Defensa Civil contempla la posibilidad de declarar un "estado de emergencia" total o parcial ante desastres de gran escala. Pese a los daños masivos reportados en el oriente, el Gobierno no consideró en ningún momento esa figura, que habría reforzado los mecanismos de transparencia, movilización de recursos y supervisión. Aun así, la obligación estatal es permanente, no excepcional.
El paso a la normalidad no extingue necesidades ni autoriza desvíos
El regreso formal a la normalidad no altera la finalidad de la ayuda humanitaria ni implica que el desastre haya concluido para las familias afectadas. De acuerdo con el Derecho Administrativo cubano, toda donación con finalidad específica debe usarse para ese propósito.
"Las entidades estatales no pueden redirigir ni reorientar la ayuda, salvo autorización del donante. La ayuda destinada a los damnificados debe llegar íntegramente a ellos, incluso después del fin de la fase de emergencia", sostiene el equipo legal de DIARIO DE CUBA.
En otras palabras, el Gobierno no tiene margen legal para utilizar esas donaciones en otros territorios, programas o instituciones ni para retenerlas en almacenes, una práctica denunciada repetidamente por los ciudadanos que, en provincias como Granma, Holguín y Santiago de Cuba, han recibido productos enlatados a punto de caducar, evidencia de su almacenamiento previo prolongado.
La Defensa Civil mantiene responsabilidades activas
Aunque se declare la vuelta a la normalidad, la Defensa Civil conserva funciones esenciales. Entre ellas, la evaluación de daños, la rehabilitación, los inventarios y la administración de reservas y la distribución de auxilios hasta satisfacer las necesidades generadas por el desastre.
Por ello, el cierre administrativo de la situación de emergencia no equivale al cierre de las obligaciones estatales.
Desvío o retención de ayuda: una infracción grave
La legislación cubana tipifica como ilícitos administrativos, contables e incluso penales —particularmente bajo el delito de malversación— la manipulación indebida de donaciones.
Los funcionarios y las entidades pueden incurrir en responsabilidad por "retener ayuda sin justificación; redirigirla a otros usuarios; utilizarla para fines gubernamentales no vinculados a la emergencia; distribuirla de manera selectiva o discrecional".
Las advertencias no son teóricas. Durante las últimas semanas, ciudadanos han denunciado públicamente la existencia de almacenes con cargamentos sin repartir en manos de los militares, demoras de semanas en la entrega de alimentos y materiales, y favoritismos políticos o comunitarios en la distribución.
