Un juez federal en California bloqueó el martes las restricciones al asilo en la frontera que impuso el Gobierno de Joe Biden y fueron aplicadas en mayo pasado, tras el fin del Título 42, a las que Washington achaca la reducción notable de la llegada de migrantes a los puntos de control.
De acuerdo con un reporte de The Huffington Post, el magistrado federal Jon S. Tigar, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida, al considerar que viola las leyes de asilo de EEUU y pone en grave peligro a los solicitantes.
En el fallo, el juez argumentó que los programas humanitarios de asilo dirigidos a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania "no son opciones significativas para los solicitantes de asilo en general", y que además "no benefician a todos los solicitantes" de esos cinco países.
Aunque Tigar dijo ser consciente de que desde que la norma entró en vigencia la migración irregular ha disminuido, subrayó que las restricciones "no pueden permanecer vigentes", puesto que evitar procesar a quienes llegan a la frontera pidiendo protección es una regla "arbitraria y caprichosa".
Ahora la Administración de Joe Biden tiene 14 días para responder al fallo, que el Departamento de Justicia aseguró que va a apelar.
En su veredicto, el magistrado subrayó los peligros que corren los migrantes que tienen que esperar en México una solución a sus solicitudes de asilo, pues considera que se exponen a la violencia imperante en ese país.
"Mientras esperan una adjudicación, los solicitantes de asilo deben permanecer en México, donde los migrantes generalmente corren un mayor riesgo de violencia por parte de actores estatales y no estatales", argumentó.
El juez cuestionó asimismo que el programa de parole humanitario, que autoriza el ingreso legal a EEUU de unos 30.000 emigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que cuenten con un patrocinador, supone requisitos que "no están disponibles para todos los inmigrantes".
Al propio tiempo, señaló que las 1.450 citas diarias disponibles para ese trámite online no satisfacen la demanda.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró tras darse a conocer el fallo que este "no cambia nada de inmediato" ni limita la capacidad de imponer sanciones a extranjeros que ingresen ilegalmente. Hasta la fecha, EEUU ha expulsado a miles de personas detenidas cruzando la frontera sin autorización. Estas son deportadas y vetadas por tres años para optar por un permiso de admisión en ese país.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante y el Centro Hastings para Estudios de Género y Refugiados.
"El fallo es una victoria, pero cada día que la Administración de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan refugio para sus familias quedan en grave peligro", dijo a EFE Katrina Eiland, directiva de ACLU.
La demanda buscaría "un retorno por parte del Gobierno al proceso legal, lo cual significa que, cuando una persona llega a un puerto de ingreso o cruza la frontera entre esos puertos, tiene el derecho de pedir asilo y a que se escuche su caso", argumentó Eiland.
"Estamos dispuestos y listos para pelear en contra de una decisión adversa y de llegar a la Corte Suprema si fuese necesario", dijo con respecto al anuncio del Gobierno de que apelará la decisión Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Anteriormente, Tigar bloqueó la medida del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) que restringía la posibilidad de pedir asilo a los migrantes que hubieran pasado antes por otros países, donde debían presentar sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia EEUU.
