La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba, que por estos días ha ratificado las sentencias de cientos de cubanos por manifestarse el 11J, incluidas las de decenas de menores, firmó un convenio con su similar de España para "fortalecer el intercambio de experiencias en temas relacionados con la protección de los menores de edad, mujeres víctimas de violencia", entre otros asuntos.
Según una nota oficial de la propia FGR, replicado casi como un calco por el sitio de la Fiscalía General del Estado de España, el denominado Programa de Cooperación 2022-2023 entre ambas instituciones fue rubricado durante un encuentro virtual entre funcionarios de ambos países.
En la firma participaron la fiscal general de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, y su homóloga española, Dolores Delgado García, quienes además habrían repasado "la agenda bilateral y futuras acciones a desarrollar de conjunto".
El intercambio de experiencias entre ambas fiscalías será en temas como la protección de los menores de edad, mujeres víctimas de violencia, mayores, personas con discapacidad y otros sectores vulnerables; las estrategias y acciones en la lucha contra la prostitución, la explotación y trata de personas; el uso de las nuevas tecnologías en la comisión de hechos delictivos, y la cooperación jurídica internacional, asegura la nota.
En el encuentro se analizó también que la Fiscalía española participe en marzo de 2023 en el XV Encuentro Internacional de Ciencias Penales y el III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, organizados en La Habana.
El Programa de Cooperación da continuidad al Memorándum de Entendimiento Interinstitucional suscrito el 17 de octubre de 2016, y por el cual jueces cubanos han recibido cursos y entrenamientos en España.
Este mismo mes, el opositor cubano exiliado en España, Sayde Chaling, de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, denunció que el régimen cubano utiliza fondos donados por el Gobierno español a la Isla para la capacitación de jueces.
La denuncia del opositor cubano tuvo lugar tras su participación en un evento desarrollado en Casa de América, Madrid, por los cinco años del Acuerdo de Diálogo Político entre La Habana y Bruselas, donde la directora de América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), Laura Oroz Ulibarri, afirmó que Madrid ha financiado en Cuba la "capacitación de jueces, y de apoyo, desde una perspectiva técnica, al poder judicial".
Chaling dijo estar "anonadado" tras conocer que "con los impuestos europeos se estuviera financiando la formación de los jueces cubanos. Los mismos jueces que han condenado a los jóvenes que salieron a las calles el 11 de julio".
"Son conscientes de que están hablando con una dictadura. Y lo más grave es que, presuntamente, tienen que saber que el dinero que se utiliza para construir escuelas o programas agropecuarios no está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Y esto realmente es lamentable", agregó el opositor.
El portal de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) de España, una entidad del Gobierno, reportó en abril último que la Escuela de Formación Judicial de Barcelona impartió a jueces cubanos un curso sobre jurisdicción mercantil.
Ello fue posible gracias a una alianza existente entre el Tribunal Supremo Popular de Cuba y el Consejo General del Poder Judicial de España, dentro del programa de Expertos Cuba-UE II, financiado por la Unión Europea y liderado por la FIIAPP.
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por la AECID, la "ayuda oficial" del Gobierno de España para el desarrollo de Cuba fue de 2.180 millones de euros en el período comprendido entre 2007 y 2018, aunque 2.024 millones corresponden a condonaciones de deuda.
La Fiscalía General de la República, otro brazo policial del régimen cubano
Después que a mediados de este mismo mes la FGR informara del procesamiento de 381 cubanos por manifestarse el 11J, Javier Larrondo, presidente de la ONG de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders (CPD), denunció a DIARIO DE CUBA que con ello la entidad buscaba engañar a la prensa y a la opinión pública.
Según Larrondo, que no se indiquen todos los procesos abiertos, así como los ya sentenciados, es cuando menos sospechoso.
"Si eres quien procesa, ¿por qué no cuentas todo lo que estás procesando? Pero es más, es que dejan de contar cientos de procesados e incluso cientos de sentenciados, que languidecen ya en prisión. Todo para engañar a la prensa y que esta comunique solo hay 381 personas sancionadas en Cuba", subrayó.
"Hay más de 1.000 procesados, 726 sentenciados. Tenemos las sentencias, la documentación. Sentencias que no puede ser obviadas. Al menos 37 menores han sido procesados y al menos 23 han sido ya sentenciados", apuntó, si bien la Fiscalía General solo menciona 16 en su reporte, de ellos 15 a quienes se les habría subsidiado la privación de la libertad por otro tipo de sanciones, como trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad.
"Decir que hay 381 sancionados sería la misma magnitud de falsedad, porque sancionados son los que están sentenciados y en prisión. Al igual que los que están sancionados con un auto fiscal que les priva de la libertad. ¿Acaso esos no están sancionados? Son cientos más", aseguró Larrondo.
Según la propia Fiscalía, "en julio del año 2021, en distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (CADECA), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte".
Si bien hasta el momento el régimen no ha presentado un balance de los daños causados por tales hechos, tampoco ha hecho que rindan cuentas las personas que atacaron a los manifestantes, entre ellos agentes que hicieron uso de armas de fuego.
El caso de Diubis Laurencio Tejeda, asesinado por un agente policial en La Güinera el 12 de julio durante un enfrentamiento, por el momento la única víctima mortal de las manifestaciones reconocida oficialmente, sigue sin ser llevado a juicio.
