Camagüey es una de las provincias que más casos está reportando en medio de la nueva escalada del Covid-19 en Cuba, impulsada por Ómicron. Pero, además de la incidencia de una variante más contagiosa, los pobladores señalan imprudencias de las autoridades, que han promovido en las últimas semanas las aglomeraciones con fines políticos contrarias a todos los protocolos establecidos.
Nélida Luaces, una de las madres que no sabe a quién dirigirse, dijo que su hijo se contagió con la cepa Ómicron en el preuniversitario de El Casino, "como resultado de la politiquería con que se festejó el triunfo de la Revolución, sin tener en cuenta la gravedad y consecuencias de los peligros".
"Por más que le dijimos a la dirección de la escuela, el nivel de imprudencia no tuvo límites. Primero los convocaron a la plaza, luego a simular masividad en las ferias, más tarde a enfrentar posibles actos de desobediencia y, por último, a recibir la 'caravana de la libertad', como si con eso borraran el hambre y la insalubridad que nos martiriza".
Ahora, los protocolos establecen que solo las embarazadas y los lactantes son hospitalizados. "El resto debe permanecer en sus viviendas y asumir las consecuencias de una situación epidemiológica que nos rebasa y para la cual ni sabemos qué hacer, ni tenemos medicinas", añadió Luaces.
Como otros de sus vecinos, Nélida fue abandonada a su suerte en medio de un contexto en el que debe proteger a una anciana de 88 años y a los dos niños de su hermana, enviada a brindar colaboración médica en Venezuela.
Norma es otra madre que vive con temor. Considera la fibrosis pulmonar que padece su hijo Ernestico "la cicatriz más visible" del drama vivido, a pesar de que tuvo la "suerte" de que lo ingresaran en el hospital pediátrico Eduardo Agramonte Piña.
"Allí la higiene es un desastre y las enfermeras lo mismo se equivocan en la entrega de medicamentos que en canalizarle una vena al niño", relató.
La experiencia de Ernestico también aflige porque continúa con falta de aire y presenta problemas renales, lamentó su abuela Gardenia, quien está "desesperada porque nadie da seguimiento a sus secuelas".
Mientras la cepa Ómicron se extiende, en las comunidades residenciales de la cabecera provincial crecen los basurales y las obstrucciones de las aguas albañales abundan.
Aunque la gobernadora Yoseily Góngora indicó revertir la situación en la reunión del Grupo de Trabajo contra la pandemia, nadie controla ni supervisa la higienización, al punto que existen más de 300 focos activos de mosquitos transmisores del dengue en siete municipios.
El panorama se complejiza porque esta demarcación reporta una de las tasas de incidencia de dengue más alta del país, lo que unido a la crisis provocada por el Covid-19 convierte al territorio en núcleo de las dos enfermedades más letales que han afectado la Isla.
Muchos hogares enfrentan la contingencia en medio del desabastecimiento, la falta de dinero, los precios abusivos y la escasez de alimentos, situación que el Gobierno intenta suplir con la entrega tardía de donativos procedentes del exterior.
En medio de ese contexto, la Intendencia ni restringe la movilidad ni decreta el cierre de la actividad turística. Al contrario, se aferra a una inexistente normalidad y continúa ampliando el horario del comercio, los bancos, el transporte y otros servicios.
Entretanto, el pueblo observa el doble rasero con que obra la Justicia, que impone excesivas codenas contra los manifestantes del 11 de julio, muchos de ellos convertidos por razones políticas en propagadores de epidemias.
