Asignatura pendiente en Cuba

Al inicio del curso escolar, en la primera semana de septiembre, se difundió en las redes sociales la foto de una maestra cubana que le daba a sus alumnos la "bienbenida" con grandes letras escritas en el pizarrón de su aula. ¿Sería posible? ¿A estos niveles de analfabetismo e incultura ha descendido la enseñanza elemental en un país que tanto ha alardeado de sus progresos en ese terreno?

Lo cierto es que la educación en Cuba viene hundiéndose, desde hace muchos años, hasta lo inconcebible, especialmente para los que, por razones de edad, somos capaces de recordar otras capacidades y otras fisonomías. La escuela pública —por cuyas aulas muchos nos sentimos orgullosos de haber pasado— hace décadas que sobrevive en nuestro país como  una maltrecha caricatura, huérfana de criterios normativos, carente de maestros competentes, institución que induce a los educandos —desde el primer día de clases— a la abyecta repetición de consignas y a la deformación del carácter, lo cual solo contribuye a crear dóciles conciencias  al servicio de un Estado crapuloso.

Una de las primeras víctimas del asalto totalitario fue la Educación Moral y Cívica, asignatura que se impartía en todas las escuelas cubanas, tanto públicas como privadas, y cuyas lecciones —que describían con detalles el papel de los poderes del Estado y de la intervención ciudadana— muchas veces servían  para cuestionar la legitimidad del propio gobierno que publicaba y divulgaba ese texto. Muchos jóvenes revolucionarios que se opusieron —a veces violentamente— al Gobierno de Fulgencio Batista, encontraron inspiración en aquel volumen elemental.

La asignatura en cuestión incluía también lecciones sobre modales y costumbres, sobre moral. Incursionaba en el terreno de la ética e impartía reglas sobre cómo debían fluir las relaciones entre personas, ya fuesen iguales, como los alumnos de una escuela, o los que, por edad, posición social o autoridad, estaban por encima. Poniendo en práctica esas enseñanzas, era lindo ver a un niño cediéndole el paso a un adulto o a toda una clase poniéndose de pie —sin que el maestro tuviera que indicarlo— cuando una persona mayor llegaba a la puerta del aula.

Me acuerdo de haber acompañado algunas veces a mi madre —en días de vacaciones— a la oficina donde trabajaba a mediado de los años 50. Más de una vez ocurrió que, al pasar frente a la estación de correos, en torno a las ocho de la mañana, coincidíamos con el momento en que izaban la bandera. De manera automática, todos nos deteníamos y los hombres que llevaban sombrero se descubrían en lo que duraba la sencilla ceremonia. Esto no se hacía en obediencia a un decreto, sino como un acto espontáneo de cortesía ciudadana hacia la enseña que nos representaba a todos. No es menester decir que, en estos tiempos de nacionalismo hipertrofiado y machacón, de esa noble costumbre no se conserva ni la memoria.

Las lecciones sobre conducta, ética y responsabilidad ciudadanas, que enseñen, además, cómo se eligen las autoridades en un régimen democrático, son imprescindibles para el funcionamiento de una sociedad libre. Este año, el recién estrenado gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México creyó oportuno reimprimir millones de ejemplares de la Cartilla moral de Alfonso Reyes —publicada por primera vez en 1944 en apoyo a una campaña de alfabetización— para que se repartieran en todas las escuelas del país como fundamento esencial de cualquier proyecto serio de regeneración cívica.

En el mundo entero —no solo en Cuba, si bien en nuestro país el derrumbe es mayor— ha habido un notable quiebre de valores a lo largo del último medio siglo, el cual es necesario abordar con seriedad. Frente a la corriente de permisividad que se fue imponiendo en el mundo occidental a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, es preciso volver a hablar — por reaccionario que esto pueda sonar— de modales, normas, jerarquías, derechos y deberes, sin los cuales  el buen funcionamiento y la salud de una sociedad libre y vigorosa son impracticables.

En Cuba ha habido un colapso de la educación, que es secuela directa de la gestión totalitaria, responsable del envilecimiento colectivo que ha privado a los nuestros —maliciosamente— de su condición de ciudadanos, reduciéndolos, para beneficio de los que mandan, a una tribu menesterosa que no tiene otro horizonte que el de una precaria supervivencia. Es muy improbable que el Estado intente remediar esta carencia que lo beneficia, pero corresponde a las iglesias y a las familias, así como a las agrupaciones disidentes, divulgar e inculcar los valores y principios perdidos como paso imprescindible para que los que ahora crecen y aprenden conozcan la medida de su despojo y tengan en qué afincarse  a la hora de empezar a exigir. La dignidad y el decoro, virtudes tan caras para José Martí, también pueden tener su cartilla.