"El lunes, alrededor de las 12:00 del día, trabajadores (…) de Comunales lanzaron un perrito dentro de la trituradora del carro recolector de basura", denunció Niurka Betancourt Lugo, según la agencia IPS, que divulgó el testimonio a través de Facebook, señalando que el hecho "vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una ley de protección animal en Cuba".
"Una anciana de 73 años les pidió (a los trabajadores) que, por favor, se lo dieran a ella, y ellos, después que el perrito gritó cuando lo estaban moliendo, le dijeron a la anciana que si quería ver las tripas" del animalito, continuó Betancourt Lugo.
Señaló que el hijo de la anciana llamó a la provincial Radio Cadena Agramonte, e hizo la denuncia. Al menos en su sitio en internet la emisora oficial no ha mencionado el caso.
"Yo quiero saber qué puedo hacer contra esas personas que hicieron eso a ese infeliz animalito. Quiero que se publique este crimen y sancionen a esas personas", reclamó Betancourt Lugo.
La divulgación del nuevo caso de violencia contra los animales ha renovado el debate en las redes sociales.
"Este es el segundo caso de perro vivo triturado en un carro de Comunales. ¡Esto es más que violencia contra los animales, es violencia contra el pueblo!", escribió Valia Rodríguez, activista de Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA), asociación que aboga por una ley de protección animal en Cuba.
"Hay que inundar a la Asamblea del Poder Popular Nacional y Provincial de Camagüey (…) de llamadas de denuncia porque esto no se puede tolerar", pidió.
Sugirió también tuitear a Miguel Díaz-Canel. "Yo lo haré", aseguró.
"Tiene que haber responsables. No hay ley, pero esto es un atentado contra la salud mental y el bienestar de la sociedad cubana, es conducta antisocial y psicopática, es una atentado contra Cuba", consideró Rodríguez.
"¡Que no hay nadie que tenga una pizca de vergüenza y le importe! ¡Que no hay un periodista de un medio nacional que se respete y tenga vergüenza y denuncie este caso públicamente! ¡Que no hay un legista con valor que le importe llevar hasta el final un caso como este!", fustigó.
"Mientras no haya ley, cada caso de violencia, crueldad y maltrato tiene que pesar sobre la consciencia de la ANPP (Asamblea Nacional del Poder Popular Nacional), que no exige, y del MINAGRI (Ministerio de Agricultura), que propone (…) siendo esto un pedido a gritos de una buena parte de los ciudadanos cubanos", concluyó Rodríguez.
Las reacciones a la denuncia de Niurka Betancourt Lugo y al post de Valia Rodríguez han ido del horror a la indignación.
"¿Es que nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular y las autoridades no se dan cuenta que la violencia es una sola, que no hay diferencia en cuanto a si es contra un animal o una persona? ¿Hasta cuándo individuos retorcidos y psicópatas larvados como esos trabajadores de Comunales de este caso en Camagüey, y de otros tantísimos en todo el país, van a estar libres, gozando de impunidad mientras imponen a los ciudadanos de bien la violencia que ellos morbosamente disfrutan?", escribió Adriana Bárbara García.
"No es un asunto trivial, es vital porque atañe al tipo de sociedad que todos queremos construir y al tipo de seres humanos que queremos legar al futuro de nuestro país", añadió.
"Quisiera saber qué más hay que hacer para parar tanta maldad. ¿Qué tan difícil es hacer una ley de protección animal? ¿Qué tantos recursos se necesitan? ¿No fueron suficientes los planteamientos que se hicieron durante el debate constitucional? ¿Dónde tenemos que firmar para reunir las firmas necesarias para presentarlo a la ANPP?", dijo en el mismo sentido Santiago Lázaro Zas.
"Me encantaría creer que triunfaremos, pero es obvio que no hay interés político en establecer una ley de protección animal", señaló por su parte Verónica Vega.
Los defensores de los animales en Cuba han aumentado en los últimos años su activismo. En abril pasado incluso llegaron a realizar una marcha en La Habana, pero una iniciativa similar en Santa Clara fue prohibida por las autoridades y su promotor, el estudiante de Derecho Javier Larrea, hostigado por la policía política.
