Cuando logro acceder a su casa en el barrio de Guanabo —después de exhaustivas verificaciones de sus familiares por motivos de seguridad— Antuanett Creagh García, una madre de dos niñas, me recibe entre lágrimas. Solo atina a decirme que es una gran injusticia, y que de su casa solo saldrá muerta junto a sus dos hijas de nueve y 11 años.
Esta mujer tiene una orden por parte del Ministerio de la Construcción de confiscación y desalojo de su vivienda desde hace dos años, una medida que las autoridades no se han atrevido a ejecutar a pesar de las constantes amenazas desde hace tres años.
El último aviso se lo dieron hace una semana en la sede del Gobierno de la localidad a donde fue citada. Según explica, "la jefa de la estación de la Policía de Alamar, Dignora Agranda Grande, y un jefe de apellido La O le expresaron que tenían autoridad para matar a su perro, llevarse a sus dos hijas para un hogar sin amparo filial y a ella la metían presa. "Al decirme así yo me desmayé”, rememora.
En ese momento, por resistirse al desalojo, le impusieron una medida cautelar por "resistencia a la extracción". Desde ese momento, ella y sus dos hijas apenas salen de la casa para impedir lo que considera una arbitrariedad.
El primer intento de confiscar su vivienda ocurrió en 2011, cuando fue acusada de una supuesta compraventa ilegal. "Pero como pude demostrar que mi casa la había adquirido de manera legal por una donación de mi expareja no pudieron hacer nada", explica.
No fue hasta 2016 que vuelve a tener problemas con las autoridades porque al padre de sus hijas le hallan en el techo de la casa varias plantas de marihuana. "Él reconoció que tenía esas plantas para su consumo, porque es adicto, pero se lo llevan detenido y fue posteriormente condenado a ocho años por tráfico de drogas", detalla.
Creagh García explicó a las autoridades que ella desconocía que el padre de sus hijas había sembrado esa droga. Le tiene temor a las alturas y nunca sube al techo. El condenado, que además criaba palomas en ese lugar de la casa, jamás le comunicó nada de las plantas.
Un día después de detener a su pareja, Williams Rodríguez, delante de sus hijas, ella también fue detenida por cuatro meses, pero al cabo de ese tiempo la dieron la libertad inmediata. "Al comprobarse mi total inocencia de la cual poseo todos los documentos emitidos por las autoridades, pero como el objetivo es quedarse con mi casa no han cejado en hostigarme", lamenta Creagh García.
"Cuatro meses después de mi liberación a mediados de 2017 vino un funcionario de Vivienda a decirme que mi casa está confiscada, amparado en el Decreto Ley 232 que dice que si en una vivienda se encuentra droga ésta puede ser objeto de confiscación. Yo le dije que se había comprobado que yo era inocente y que no podían hacer eso", añade.
Vino luego un impass de más de un año hasta la orden emitida a mediados de junio de desalojarla a la fuerza.
"Desde la detención de su padre y mi injusta detención, mis hijas están bajo tratamiento psiquiátrico, soy una persona operada de un cáncer de mama, padezco de problemas de los nervios, con un bloqueo AB primer grado en el corazón, sufro fuertes crisis de migraña y producto del stress a que he estado sometida tanto tiempo por esta situación tengo una dermatitis en uno de mis pies", enumera.
"Ya he escrito cartas de reclamación a todas las instancias posibles y le enviamos un tuit al presidente Miguel Díaz-Canel, pero no recibimos respuesta. La corrupción en el Ministerio de la Construcción es muy grande porque ya ellos tienen a las personas que van a vivir en mi casa una vez me desalojen y así me lo hicieron saber", denuncia.
"Mi vida se ha convertido en un verdadero infierno en los últimos tres años, pero de mi casa no me puede sacar nadie, están violando todos los derechos de mis hijas a tener un hogar, las quieren sacar de su barrio y de su escuela. Solo exijo justicia y que me dejen en paz", concluye.