La propuesta de nueva Ley Electoral que el Gobierno ha hecho pública el pasado jueves sostiene el elemento excluyente esencial del modelo eleccionario cubano: las Comisiones de Candidatura, que determinan por quiénes votan los electores, y que siguen estando regidas por el Partido Comunista (PCC).
DIARIO DE CUBA consultó a un grupo de expertos en el tema, quienes coincidieron en que la propuesta no aporta ningún elemento esencialmente nuevo al sistema político de la Isla.
El opositor Antonio Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades (Foro DyL), apuntó que la ley no cumple "con los estándares internacionales de una Ley Electoral. Es más de lo mismo, porque los mecanismos principales de filtro y control que tiene el régimen permanecen intactos."
Rodiles mencionó fundamentalmente a la Comisión de Candidatura: "Ese es el mecanismo del régimen para, desde el nivel del ciudadano hasta el de las llamadas instituciones, seguir controlando la estructura."
"Hay que repetirlo, porque es un tema fundamental: esas comisiones, según el régimen, están compuestas por las organizaciones de masas, pero las directivas de esas llamadas organizaciones de masas son individuos que pertenecen al PCC. Y como bien dice el texto que han sacado como Constitución, el PCC es la fuerza rectora, la fuerza superior. Asi que esos individuos le deben lealtad y obediencia al PCC, y son ellos quienes van a componer los paquetes electorales", argumentó.
La abogada independiente y directora del Centro de Información Legal CUBALEX, Laritza Diversent, coincidió en esa apreciación: "Las Comisiones de Candidatura debieran desaparecer para que las elecciones sean realmente transparentes. Ellas eliminan toda posibilidad de competencia."
El mecanismo de nominacion de candidatos a las elecciones obedece, según Diversent, a esa estructura viciada, donde la determinación de las circunscripciones electorales sigue estando a cargo de las Asambleas Municipales y el órgano electoral.
"No están muy claras las reglas por las que se determinan las circunscripciones electorales y eso es fundamental a la hora de la representación política. Ahora no hay tanto conflicto porque tenemos un solo partido y todos los representantes son de un mismo grupo, pero mirando hacia un futuro donde se respete el pluralismo, como está ahora, casi igual que la Ley 72, que el órgano que va a renovar sea quien determine las circunscripciones no parece muy transparente," aseguró.
Además, la nueva disposición reincide en el aspecto discriminatorio del voto para los cubanos residentes en el exterior, sobre lo que hubo múltiples protestas durante el proceso de "reforma constitucional" de meses atrás.
Esta ley "incluye el lugar de residencia como uno de los motivos para inhabilitar el derecho al voto del ciudadano, especialmente los que viven en el exterior. Así que no resuelve ese viejo problema, mantiene vigente la exclusión de un gran número de ciudadanos que no residen en el país y que tienen derecho a participar, no solo por contar con la ciudadanía, sino porque contribuyen con las cargas dentro del país", agregó Diversent.
No obstante, la abogada consideró como un paso de avance "la prohibición de que los miembros del Consejo de Ministros formen parte de los órganos judicales, electorales y de control estatal. Deberían ponerlo para todos los cargos políticos, para evitar que una misma persona forme parte del Poder Ejecutivo. Hay conflicto de interés cuando alguien que va a aplicar la ley participa en su elaboración."
Acerca de la reducción del tamaño de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Diversent fue tajante: "Deberían reducirla mucho más y preparar a los diputados mejor, para que sean profesionales. Es difícil conducir debates coherentes con la cantidad de diputados que tiene la Asamblea Nacional, que se reúne dos veces al año. Ahora mismo lo que tiene Cuba es un órgano legislativo cuyos miembros responden más a sus compromisos políticos con el PCC que a una vocación de representar políticamente los intereses de la comunidad donde viven."
"Esto viene a confirmar que no tienen la menor intención de cambiar el sistema electoral porque pretenden seguir en el poder indefinidamente. Y confirma que la 'reforma constitucional' fue algo decorativo", concluyó.
Mientras, el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa criticó que la Ley Electoral que debe votarse y aprobarse el próximo mes de julio en La Habana "es un regreso hacia un mayor control político de la representación."
Según el activista, esta no es una ley electoral que "toma en cuenta el criterio de los electores en dos conceptos básicos planteados por los ciudadanos: la elección directa del presidente o presidenta, y la representación plural de las alternativas."
"Esto aleja al proyecto del Gobierno de los criterios de integridad electoral que se manejan en todo el mundo y que organizaciones como IDEA internacional utilizan para medir la naturaleza democrática de los sistemas electorales. Por eso nosotros, desde la Propuesta2020, hemos abierto una conversación ciudadana tanto sobre la propuesta del Gobierno como de la Propuesta Global", apuntó, haciendo referencia a esa iniciativa, elaborada por una diversidad de actores de la sociedad civil en 2015, presentada en mayo de 2016 en las oficinas de la Asamblea Nacional, y que acaba de ser relanzada en la propuesta #Otro18.