El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este miércoles que suspenderá por dos semanas más el título III de la ley Helms-Burton, que endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante cortes de EEUU propiedades que fueron expropiadas en la Isla tras la Revolución.
En un comunicado, Pompeo anunció que impedirá la entrada en vigor de esa provisión legal durante dos semanas más, desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero continuará permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una lista negra del Departamento de Estado.
Esa decisión desmiente el anuncio hecho este mismo miércoles por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, quien no descartó que Estados Unidos activara en las próximas horas el título III de la ley Helms-Burton.
"No estamos seguros de que antes de la medianoche no se presente la comunicación al Congreso", comentó Borrell en una rueda de prensa celebrada en la Embajada de España en Washington, según el reporte de EFE.
El canciller, que se encuentra en Washington con motivo de la reunión ministerial de la OTAN que se celebra esta semana en la capital estadounidense, reconoció que la situación de Cuba es uno de los principales temas que ha tratado en sus varios encuentros con representantes del Gobierno de EEUU.
Borrell recalcó que la decisión de la Casa Blanca no necesita ser sometida a una votación en el Congreso, por lo que no descartó que se produzca un anuncio antes de acabar la jornada.
"Si no la presentan, no me voy a atribuir el mérito... pero creo que ha quedado clara nuestra posición", sostuvo.
Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los gobiernos cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha acortado cada vez más esos plazos: primero lo anuló por 45 días, luego durante un mes y ahora durante solo dos semanas.
El Departamento de Estado no explica por qué Pompeo ha decidido reducir el plazo de la suspensión, aunque algunos analistas lo interpretan como un aviso a La Habana.
A ese respecto, el Departamento de Estado aseguró que "continúa examinando las condiciones de los derechos humanos en Cuba, incluida la actual represión contra los derechos del pueblo cubano a la libertad de expresión y de reunión".
Y añadió: "El Departamento también está supervisando el apoyo militar, de seguridad y de inteligencia de Cuba a (presidente venezolano) Nicolás Maduro, responsable de la represión, la violencia y la crisis humanitaria en Venezuela".
El título III de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los ciudadanos, incluidos los cubanoamericanos, pudieran demandar ante cortes de EEUU a las compañías que se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas hace 60 años, antes de la Revolución.
Cuando esa norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la Isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EEUU; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El litigio concluyó con el compromiso de Washington de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.
Hasta ahora, el país ha cumplido su compromiso, pero en marzo por primera vez en la historia el Gobierno de Trump estableció que los cubanoestadounidenses podían demandar a las 200 compañías cubanas incluidas en la conocida como "lista de restricciones a Cuba", aunque las extranjeras seguían exentas.
Esa lista incluye entidades que están "bajo el control o actúan en nombre" de la Inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, en general vinculadas al conglomerado empresarial de los militares GAESA, según el Departamento de Estado.