El Gobierno de Cuba estaría dispuesta a negociar un acuerdo de compensación a los reclamantes de propiedades nacionalizadas reconocidos por EEUU, si Washington acepta discutir sobre las indemnizaciones a la Isla por daños causados por su Gobierno, aseguró este jueves el Ministerio de Exteriores cubano.
Según las condiciones de la Isla, esta negociación transcurriría en paralelo a "un proceso de discusión sobre la indemnización a la que tienen derecho el Estado y el pueblo cubanos por los daños materiales y personales ocasionados por años de agresión militar y sanciones económicas" provocados por el Gobierno estadounidense.
"Lo que Cuba está dispuesta a hacer (...) es entrar en un proceso de negociación en la búsqueda de un acuerdo de suma total para que puedan ser compensados los antiguos reclamantes, reconocidos por la Comisión de reclamaciones extranjeras de EEUU", explicó el director para EEUU de la Cancillería, Carlos Fernández de Cossío.
El funcionario especificó que se refería a los 5.913 exiliados cubanos que han interpuesto demandas reconocidas por tribunales estadounidenses.
"En un proceso como ese, Cuba está dispuesta a llegar con el Gobierno de Estados Unidos a un acomodo de compensaciones mutuas", insistió Fernández de Cossío en un vídeo publicado en la página oficial de la Cancillería en Facebook.
El diplomático compareció este jueves en esa red social para responder preguntas sobre la Ley Helms-Burton, que volvió a ser duramente criticada por La Habana tras el anuncio de Washington de una posible reactivación del título III, congelado desde la aprobación de esa legislación en 1996.
El título III, que permitiría a los cubanoestadounidenses reclamar ante cortes de EEUU sus propiedades confiscadas tras la Revolución de 1959, nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, debido a que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.
Finalmente, el Gobierno de Donald Trump anunció el pasado 4 de marzo que prorrogaría un mes más su suspensión, con la salvedad de que sí se podrán interponer demandas contra compañías incluidas en una lista de entidades "bajo el control" de la Inteligencia y el Ejército cubanos, muchas de ellas administradas por el conglomerado empresarial de los militares, GAESA.
La Habana rechazó inmediatamente esta nueva medida, que prorroga hasta el próximo 17 de abril la decisión sobre el título III de la Ley Helms-Burton, a la que ve como un "intento de doblegar" y "desconocer el derecho a la soberanía del pueblo cubano", subrayó hoy el director para Estados Unidos de la Cancillería de la Isla.
El funcionario recordó que la salida de una negociación conjunta no es nueva para la Isla, que ya la propuso durante la nacionalización de empresas extranjeras en la década de 1960 y en el texto de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana de 1996, que declaró "nula y sin valor" a la Helms-Burton.
"La ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba, en primer lugar, porque es una ley de EEUU y por tanto su jurisdicción, su espacio de aplicación, es en los Estados Unidos. Ningún país soberano que se respete permitiría la aplicación extraterritorial de una ley de los Estados Unidos o de otro país en su territorio", subrayó.
Agregó que entre los "desafíos" de la Isla estará dar "garantías" a sus socios extranjeros de que "es totalmente legítimo interactuar con Cuba y desarrollar negocios con nuestro país".