En Cuba se lleva a cabo desde hace meses una operación que las autoridades de la Isla han denominado pomposamente "proceso de reforma constitucional". En realidad, el asunto es bastante sencillo. El Gobierno encargó a un reducido equipo de burócratas de escasa formación jurídica y nula legitimidad política la elaboración de un texto en el que han modificado dos o tres puntos de la vieja Constitución estalinista impuesta en 1976 y se ha remozado la añeja retórica del comunismo real para adaptarla a los tiempos que corren.
Traducido a la práctica, esto significa la aplicación de cambios someros en el organigrama gubernamental, un reconocimiento vergonzante de la propiedad privada (reducida a su mínima expresión) y la ampliación del matrimonio a personas del mismo sexo.
El anteproyecto constitucional redactado por el equipo oficial se sometió luego a un "debate" popular, en el que los cubanos de la Isla y los emigrados (no los exiliados, naturalmente) pudieron expresar opiniones y sugerencias, siempre y cuando estas no impugnaran las reglas del juego (monopolio político del Partido Comunista (PCC), carácter totalitario del Estado, ausencia de libertades fundamentales, vulneración implícita de derechos humanos, etc.).
Según el Gobierno, esas sugerencias se examinarán e integrarán, en la medida de lo posible, al proyecto final, que se aprobará por aplastante mayoría en el simulacro de plebiscito previsto para el 24 de febrero de 2019.
Toda la operación va acompañada de un gran despliegue publicitario, primordialmente para consumo externo. El general de mil batallas y su presidente subalterno han montado una campaña propagandística para dar un barniz de legitimidad a la insólita transmisión de poder ocurrida allí en los últimos años: de un dictador que gobernó caprichosamente durante medio siglo, al hermanísimo que fue su fiel asistente todo ese tiempo, al burócrata obsecuente que ahora detenta la presidencia, como mascarón de proa (nunca mejor dicho) del navío castrista.
Cualquiera que sea el sentido del voto que se emita el 24 de febrero, la aprobación mayoritaria está asegurada. Los mecanismos de control, el miedo interiorizado, la conveniencia social y, en algunos, la adhesión genuina al sistema, arrojarán un triunfo abrumador para el proyecto gubernamental.
Las autoridades ni siquiera necesitarán manipular los resultados. Con toda probabilidad estos se alinearán con los obtenidos en las últimas "elecciones" al Parlamento: participará el 90% del censo electoral y el 85% de los votantes dará el "sí, quiero" a la nueva Ley de Leyes. En tiempos del extinto dictador, nada por debajo del 98% hubiera sido aceptable, pero ahora es preciso dejar un margen de pluralismo, para que nadie ponga en duda la limpieza del procedimiento.
Por supuesto, cada uno es libre de votar lo que se le antoje, pero habría que preguntarse si el voto es realmente libre en las condiciones en las que se celebrará ese "referendo". Sin derecho a la libertad de expresión y de asociación, con los medios de comunicación controlados por un Estado que es monopolio del PCC, bajo la vigilancia perenne de la policía política, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y demás "organizaciones de masas" y sin posibilidad de recurrir a observadores internacionales que garanticen el escrutinio, la ceremonia del 24 de febrero será una pantomima de democracia.
En esas condiciones, resulta sorprendente que algunos sectores de la oposición, tanto en Cuba como en el exilio, exhorten a participar en la farsa y a votar negativamente, cuando lo más lógico y decoroso sería no participar en esta operación de maquillaje de un sistema que vulnera los derechos de todos los cubanos y solo servirá para perpetuar la opresión enquistada en el sistema.
Habida cuenta de la falta de garantías de los comicios, incluso una improbable mayoría de votos negativos podría enmascararse sin mucha dificultad. Pero la ausencia física de votantes en los colegios electorales es un dato evidente, que no puede ocultarse a la población ni a la prensa extranjera y que casi no es preciso contabilizar.
En contra de lo que algunos sostienen, la abstención masiva en los sistemas comunistas es muchísimo más eficaz como instrumento de deslegitimación del régimen que el voto (¿secreto?), fácil de manipular e imposible de supervisar.
Y como, según los 174 artículos de la prolija Ley electoral vigente, el voto es un derecho y no una obligación jurídica, los súbditos del castrismo pueden quedarse tranquilamente en casa o irse a la playa ese día, sin temor a represalias, que de aplicarse serían ilícitas e inconstitucionales. Ese pequeño gesto de protesta sería un primer paso en el largo camino de la recuperación de derechos y libertades que el país tendrá que emprender algún día, si realmente desea sacudirse el régimen de opresión y miseria impuesto hace 60 años por "la revolución".
La tiranía no corrompe, sino prepara, proclamó José Martí en un rapto de optimismo. Lo contrario es más frecuente: la dictadura añeja genera hábitos de vileza y sometimiento, y cuando esa tiranía se fundamenta en una estructura totalitaria y se prolonga durante seis décadas, la pérdida de valores alcanza dimensiones catastróficas.
En algún momento de esa decadencia, un puñado de hombres y mujeres valientes se atreven a revertir la tendencia al envilecimiento y realizan el ademán —a veces mínimo— que pone en marcha la recuperación de las libertades. Así ocurrió en el mundo comunista a partir de 1989, y aunque en algunos países (China, Vietnam) prevaleció la opresión, en muchos otros triunfó la libertad. Quizá el próximo 24 de febrero emerja en Cuba esa minoría valerosa, capaz de negarse a participar en la mojiganga comicial.
