Raúl Castro habría sugerido que un tercer país estaba detrás de los presuntos ataques sónicos que afectaron al personal diplomático estadounidense y canadiense en La Habana, indica un artículo publicado por la revista The New Yorker.
Según el texto, las negociaciones entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos con vistas al restablecimiento de los vínculos diplomáticos se aceleraron a raiz de la enfermedad de Hugo Chávez. La inminencia de la desaparición del suministro de petróleo subsidiado procedente de su aliado venezolano hizo que Castro buscara nuevas fuentes de financiamiento. La designación de su hijo, Alejandro Castro Espín, como su intermediario con la administración Obama hizo a Washington creer en la seriedad de sus intenciones.
Las negociaciones fluyeron rápidamente, con una serie de encuentros en Ottawa, Canadá. No obstante, desde entonces los servicios de inteligencia de EEUU sospecharon de que Rusia trataría de interferir en ellas.
Después que Obama y Castro tenían un acuerdo pactado, Washington pidió aumentar el personal de su Oficina de Intereses en La Habana, a lo que La Habana accedió: de 51 a más de 70 diplomáticos. Sin embargo, los republicanos en el Congreso, opuestos a la normalización, bloquearon el financiamiento para ello y dejaron el aumento de personal en 54.
Semanas después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas, nada menos que John Brennan, director de la CIA, estuvo en La Habana extraoficialmente para reunirse con Alejandro Castro. Brennan discutió con él el incremento de la colaboración en materia de inteligencia para combatir los carteles de la droga y las redes terroristas.
Brennan, sigue el New Yorker, consideraba a la cubana como una de las agencias de espionaje más capaces de América Latina, mientras que el liderazgo cubano reconoció su respeto por la CIA, a la que consideraban más creíble que el propio Departamento de Estado, encargado durante la administración de George W. Bush de implementar programas de desestabilización contra el Gobierno de la Isla.
Pero todo comienza a cambiar tras la elección de Donald Trump. Si bien Alejandro Castro siguió con sus contactos regulares con la CIA, Craig Deare, director del Consejo para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Agencia de Seguridad Nacional y uno de sus interlocutores esenciales, fue despedido.
Antes de que eso ocurriera, Alejandro Castro le había propuesto en uno de los diálogos a través de Skype que sostenían regularmente, la importancia de expandir la cooperación sobre temas de inteligencia y seguridad. Deare aseguró a The New Yorker que esa voluntad le sorprendió, por lo que trató de transmitirla, sin éxito, a Michael Flynn y K. T. McFarland, dos de los consejeros de Seguridad Nacional más destacados de Trump.
El 30 de diciembre de 2016 se presenta a consulta médica en la Embajada de EEUU en La Habana el primer afectado por los sucesos de salud que luego se extenderían hasta sumar 21 víctimas. No es hasta el 17 febrero de 2017 que el embajador, Jeffrey DeLaurentis, lo discute con Josefina Vidal Ferreiro, directora de Estados Unidos en la Cancillería cubana.
Apenas cuatro días después, el 21 de febrero, Raúl Castro le pide a DeLaurentis hablar a solas. Allí trata el tema y lanza la sospecha de que podría haber sido obra de otro país, no de Cuba. Pero luego el Gobierno cubano ha negado que Raúl lanzara esa hipótesis.
En abril, Alejandro Castro habló a través de Skype con el sucesor de Deare, Fernando Cutz, y otros oficiales de la Agencia de Seguridad Nacional, para negar la implicación de su Gobierno en los supuestos ataques. "Fue muy firme, apasionado", recuerda a The New Yorker un exfuncionario de la administración Trump.
La CIA y la NSA buscaron entonces a través del espionaje evidencias de que el ataque viniera de Rusia, pero después de meses tampoco obtuvieron resultados positivos.
Pero a fines de 2017 oficiales del Gobierno de EEUU supieron que Raúl Castro había sugerido en privado que los incidentes eran responsabilidad de China, algo que en lo adelante Cuba ha negado.
Casualmente, en marzo Catherine Werner, empleada del Departamento de Comercio del consulado de EEUU en Guangzhou padece síntomas semejantes. Esos nuevos incidentes hicieron que hasta 300 empleados fueran chequeados, y 15 terminaran identificados como posibles casos y enviados a la Universidad de Pennsylvania para su examen.
El artículo de The New Yorker no pone en entredicho, salvo en el caso de la opinión de un especialista, la veracidad de las afectaciones. Sus autores insisten en que lo más claro de todo este caso es que los problemas de salud existen, ya que han podido verificarlo en su contacto con algunas de las víctimas.
Las posibles causas de tales problemas de salud han evolucionado en el tiempo. Primero se pensó que podría tratarse de un "arma sónica", pero una vez que los investigadores descartaron que los sonidos mismos causaran las lesiones cerebrales en los afectados, científicos del Gobierno de EEUU indicaron que una microonda podría ser la causa, algo que también se ha puesto en duda.
Aunque a más de un año y medio del inicio del conflicto y de sus repercusiones políticas y diplomáticas no hay respuestas definitivas, The New Yorker señala que, pese a seguir siendo Rusia el principal sospechoso, las fuentes que consultaron insistieron en que tampoco hay evidencias de ello.
Mientras, los investigadores cubanos aseguran que su indagación está atascada. Cuando varios legisladores visitaron La Habana en enero pasado, el Ministro del Interior les mostró una presentación en Power Point que mostraba que su búsqueda "carecía de posibilidades investigativas de echar luz sobre los eventos".
Pero, como asegura el senador Marco Rubio, "La Habana es una de las ciudades más vigiladas del planeta. No hay manera de que los cubanos no supieran quién lo hizo, y si no, lo hicieron ellos mismos."
Johanna Tablada, funcionaria del MINREX, ha señalado su desacuerdo con todo lo que diga Rubio. No obstante, agregó: "En una cosa coincido. Y es que no puede suceder nada en Cuba sin que los cubanos lo sepan. Pero no pasó."
No obstante, el cese de Alejandro Castro Espín al frente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional y su aparente reclusión domiciliaria en "plan piyama" levanta nuevas dudas en torno al asunto.