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Política

La Iglesia Católica rechaza el superpoder del PCC y la puerta abierta al matrimonio gay

Pide que la nueva Constitución descarte la pena de muerte, el aborto y dé a los cubanos el mismo derecho a invertir que tienen los extranjeros.

La Habana

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) rechazó esta semana que la Constitución pueda subordinarse a partidos políticos e ideologías, defendió que el matrimonio debería quedar restringido a la unión entre un hombre y una mujer, y opinó que la reforma en marcha debería descartar la pena de muerte y el derecho al aborto.

En un mensaje pastoral publicado en la página en internet de la COCC, los obispos expresan sus consideraciones sobre el llamado proceso de "consulta" del Proyecto de Constitución y exhortan a los cubanos a participar en el referéndum programado para el próximo 24 de febrero, y "expresarse con el 'sí' o el 'no'", o la abstención.

"Como pastores comprendemos, a partir de los procesos que ha vivido nuestra nación, a quienes piensan que su opinión no cuenta. Sin embargo, queremos invitar a todos nuestros compatriotas a optar por una participación consciente y responsable", dicen los obispos y solicitan a las autoridades que "las opiniones y aportes recogidos —durante la 'consulta'— sean tenidos en cuenta".

En su mensaje, los obispos defienden que "la Constitución no se puede subordinar a leyes, decretos, resoluciones, partidos políticos, ideologías, disposiciones o sentencias judiciales, ya que una Carta Magna prevalece por encima de todos ellos".

Asimismo, lamentan "la ausencia del reconocimiento a la diversidad de opinión política" en el proyecto sometido a "debate".

El Proyecto de Constitución descarta el pluripartidismo y mantiene el control de la Partido Comunista sobre el resto de los poderes del Estado. Durante el análisis de la reforma en la última sesión de la Asamblea Nacional, el castrismo dejó claro que el partido no se subordinará a la Carta Magna.

En su mensaje pastoral, los obispos consideran además necesario que la nueva Constitución "disponga la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales con la finalidad de salvaguardar los derechos que en ella se refrendan".

Asimismo, señalan que el texto debería proteger "el derecho a la vida (…) desde el momento de la concepción del individuo —en rechazo al aborto, legal en la Isla— hasta la muerte natural". También, "sería de desear que abarque la exclusión de la pena de muerte", añaden.

Por otra parte, los obispos opinan que la inclusión como sujetos de derecho de las categorías "género, orientación sexual e identidad de género" es "innecesaria".

Estas especificaciones "provienen de una evidente influencia de la llamada 'ideología de género'", dijeron los prelados. A su juicio "bastaría con la categoría 'sexo' para que queden comprendidos todos los miembros de la sociedad".

"El sexo viene dado por la naturaleza y no es una construcción cultural adquirida, como propone equivocadamente la referida ideología de género, que se caracteriza por un fuerte subjetivismo, que lleva al individuo a decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. De tal manera que, dicha ideología, sostiene entre sus postulados principales que cada persona elige su propia identidad sexual", critican los miembros de la COCC.

La inclusión en el Proyecto de Constitución de elementos que abrirían la puerta a la aprobación del matrimonio homosexual en Cuba es el aspecto que más polémica ha causado en la Isla. Además de la Iglesia Católica, se han opuesto abiertamente a esa posibilidad las iglesias evangélicas, que incluso han realizado una campaña pública en contra, permitida por las autoridades.

"Los obispos consideramos mal fundado y erróneo que aparezca en el proyecto constitucional (…) una definición del matrimonio como 'la unión de dos personas con aptitud para ello, a fin de hacer vida común'", dicen al respecto los integrantes de la COCC y niegan que su posición implique "discriminación".

"La enseñanza de la Iglesia siempre ha sido clara: el amor recíproco y complementario entre el hombre y la mujer fundamenta la vocación al matrimonio y a la familia, estableciendo una unidad que no puede equipararse a ninguna otra", dicen.

Por otra parte, provechan el reconocimiento en el proyecto constitucional del derecho a profesar y practicar creencias religiosas para reiterar viejos reclamos de la Iglesia Católica.

"En nuestro caso concreto, esta libertad (religiosa) implica (…) el reconocimiento jurídico de la Iglesia y de su identidad y misión propias, lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al Evangelio, de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad; y la libertad de asociarse para fines no solo estrictamente religiosos sino también educativos, culturales, de salud y caritativos", enumeran.

Como la Constitución y el Estado, la "libertad religiosa" está sujeta al control del Partido Comunista, que permite la actividad solo de aquellas denominaciones autorizadas por su Oficina de Asuntos Religiosos.

La COCC critica además que el proyecto constitucional establezca que "la enseñanza es función del Estado" y mencione la contribución atribuida a la familia "en último lugar".

"Ni el Estado ni ninguna otra institución deben apropiarse esta delicada misión", dicen los obispos.

En cuanto a los derechos de la familia, afirman que para que esta pueda "alcanzar su pleno desarrollo y bienestar (…) es necesario que la Constitución brinde las posibilidades para que cada ciudadano tenga un salario que realmente satisfaga sus necesidades".

"Igualmente, han de garantizarse las prestaciones sociales necesarias para equilibrar la vida familiar, de modo que sea posible y alcanzable por todos sus miembros una vida estable y vivienda digna, hasta después de la vida laboral de los mismos", advierten.

Los bajos salarios (de un promedio de 30 dólares al mes) y las pensiones miserables son una de las principales quejas de los cubanos.

Por último, los obispos opinan que el derecho a invertir en el país concedido a las empresas extranjeras debería "ser extendido al ciudadano cubano".

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