Betti y un grupo de sus amigos han sido voluntarios de la iniciativa Cubanos en Defensa de los Animales (CeDA), un proyecto con base en comunidades de La Habana.
El objetivo de CeDA, explica Betti, es "disminuir las poblaciones callejeras de perros y gatos y educar a la población, especialmente niños y jóvenes, en la no violencia contra los animales".
Jóvenes integrantes del grupo, que al igual que Betti estudian carreras universitarias, consideran que esas iniciativas deben alcanzar otro nivel: un trabajo conjunto con las autoridades para incluir en el Código Penal regulaciones que penalicen a los maltratadores de animales.
"Nos dimos cuenta de que no existen fundaciones legalmente reconocidas que puedan dialogar y presionar con el Estado para estos fines. Tampoco sabíamos que existían una Ley y un Registro de Asociaciones, ni ante qué entidad se tramitaba el proceso para constituirlas", asegura.
Al enterarse de que a inicios de septiembre Silvio Rodríguez pudo inscribir la Fundación Ariguanabo, estos jóvenes se preguntaron cuán posible es ejercer el derecho a conformar asociaciones civiles desde sus propias iniciativas.
La Fundación Ariguanabo (FUNDAR), que contaría con el apoyo directo de Miguel Díaz-Canel, tiene entre sus pretensiones frenar el alto grado de contaminación del río Ariguanabo —ubicado en San Antonio de los Baños, localidad natal del cantautor— y coordinar proyectos culturales y de cuidado del medioambiente para rescatar el entorno natural.
"Propósitos nobles como estos tiene, desde hace más de una década, El Guardabosques, una alternativa de acción y comunicación ambiental que reúne a más de una veintena de activistas, quienes realizan una labor que merece ser reconocida", señala la escritora Lucía Corrales.
Los responsables de El Guardabosques rechazaron hacer declaraciones para este reporte. En su blog, afirman ser un colectivo de la sociedad civil que busca "promover acciones en favor de la protección del medio ambiente".
El proyecto no posee un registro legal, debido a las restricciones imperantes en el país para aquellas organizaciones que desean resguardar su independencia y tienen una mirada crítica sobre determinadas políticas domésticas.
"Pero igualmente existen otros proyectos, como Iniciativa Planta, Aniplant Caibarién y la ecofinca de Ariel Ruiz Urquiola, que funcionan a lo largo del país denunciando a predadores del medioambiente nacional o el maltrato de animales, y no se les permite su legalización como organizaciones civiles; al contrario, sufren hostigamiento gubernamental", agrega Corrales.
Aunque la Constitución vigente contempla los derechos de reunión, manifestación y asociación, remite la posibilidad de ejercerlos a las "organizaciones de masas y sociales" reconocidas por el Gobierno, y conseguir ese reconocimiento es difícil para los ciudadanos que quieren agruparse al margen de esas entidades.
¿Quién puede asociarse al margen del Estado y quién puede ser socio del Estado?
"Deberíamos tomar como ejemplo la recién creada Fundación Ariguanabo", manifiesta Niovis Calderón, joven veterinaria que quiere impulsar una organización de saneamiento y rescate de áreas verdes en La Habana, en especial los parques arbolados.
"No se trata de cuestionar ni la legitimidad de su constitución ni los objetivos de FUNDAR, pero no podemos dejar de preguntarnos quién puede asociarse al margen del Estado o quién puede ser socio del Estado. ¿Acaso la prontitud de su creación se debe a que su impulsor es Silvio Rodríguez?", pregunta Calderón.
Su esposo y también veterinario, Arístides Betancourt, ha indagado ante funcionarios del Ministerio de Justicia (MINJUS), quienes le han explicado que entre los requisitos para crear una nueva organización se encuentra que esta no deberá tener los mismos fines y objetivos de otras ya existentes, legalizadas y asentadas en el Registro de Asociaciones.
"Entonces, ¿FUNDAR tendrá carácter nacional, se ocupará de todos los problemas medioambientales y actos de maltrato animal que ocurren en toda Cuba? Creo que esa es una justificación inverosímil del MINJUS", acota Betancourt.
Para el jurista independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo debería respetarse, como principio, el derecho a la libre asociación recogido en el Artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Aunque la Ley de Asociaciones —54/1985 del MINJUS— debería adaptarse al contexto actual del país, el problema no está en la normativa, opina Ferrer Tamayo.
"Si el Ministerio de Justicia aplicara la Ley de Asociaciones vigente, a pesar de todas sus limitantes y todas sus restricciones, esta da la posibilidad de constituir asociaciones de todo tipo. Es el Gobierno, desde el concepto político de si determinada asociación es perjudicial para el Estado o que al Estado no le interesa, quien limita el derecho de la sociedad civil a constituir asociaciones que cumplen con los requerimientos previstos en la Ley 54".
Un ejemplo para explicar cómo es el Gobierno quien regula la libre asociación para la sociedad civil, es el caso de la Asociación Jurídica Cubana, explica Ferrer Tamayo.
"La solicitud de constitución que esta organización realizó fue apegada a todos los requerimientos que exigía la Ley 54. Le fue negada la autorización de su legalización con fundamentos que nada tenían que ver con dicha Ley, sino con fundamentos netamente políticos que no aparecen consignados en ella. Un acto ilegal cometido por las autoridades estatales, que quebrantó el derecho a la libre asociación de un grupo de abogados", afirma.
Alina Gómez, quien junto a Niovis y Arístides presentarán nuevamente la solicitud de constitución para su programa medioambiental a raíz de la aprobación de FUNDAR, cree que "las fuentes de ingreso que tendrían las asociaciones autónomas son la principal preocupación del Gobierno cubano".
"Evitar el empoderamiento de la sociedad civil a través de donaciones que podrían generar un capital o un patrimonio que no dependa de las subvenciones del Estado es la verdadera justificación para negarnos a los cubanos la libre asociación. La actual situación medioambiental en Cuba requiere que existan varias fundaciones de este tipo por provincia", concluye Gómez.
La Ley de Asociaciones permite que una organización con fines altruistas o de beneficio social pueda obtener fuentes de ingreso como donaciones, que incluyen a entidades nacionales, a personas naturales o jurídicas, a personas naturales que residan en el extranjero, a instituciones jurídicas o personas jurídicas que residan en el extranjero.