El Gobierno cubano creó un grupo de trabajo liderado por el gobernante, Miguel Díaz-Canel, ante la "avalancha de normativas" necesaria para desarrollar la nueva Constitución, ahora en proceso de discusión y que será sometida a referendo en febrero del 2019, reportó EFE.
La medida, según recoge este viernes el diario oficial Granma, se aprobó en el más reciente Consejo de Ministros (del que no precisa cuándo tuvo lugar) y pretende "identificar en su totalidad el amplio volumen de normas que será necesario actualizar".
El grupo de trabajo deberá "dirigir, coordinar, evaluar y controlar la labor legislativa que se desprenda del proceso de implementación de la nueva Carta Magna", refiere el medio.
Durante la reunión ministerial el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, recordó que "en el orden legislativo se prevé un significativo impacto como parte del proceso de implementación de la nueva Constitución, teniendo en cuenta la avalancha de normativas que necesariamente tendrán que emitirse para lograr la debida instrumentación jurídica".
Entre la nueva legislación que se prevé que derive de la futura Constitución figura una Ley Electoral, cuya redacción, según dijo esta semana el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, tendrá prioridad sobre el resto.
Desde agosto pasado y hasta mediados de noviembre próximo, los cubanos debaten en reuniones y asambleas tuteladas por el régimen el borrador de la Constitución, que reemplazará al texto vigente que data de 1976.
Una vez que finalice la consulta popular, una comisión constitucional liderada por el expresidente y primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, incorporará al borrador las aportaciones que considere oportunas, y lo remitirá de nuevo a la Asamblea Nacional, que deberá aprobarlo de nuevo antes de su ratificación en referendo en febrero del 2019.
El documento propuesto como nueva Carta Magna de la República de Cuba incorpora 224 artículos divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones, y ya fue debatido y aprobado por el Parlamento en julio pasado.
Organizaciones opositoras y del exilio cubano en Miami han instado a los ciudadanos de la isla a la "desobediencia civil" en las consultas para la nueva Constitución y a pedir un referendo "verdadero" para que el pueblo decida si quiere un cambio constitucional y en tal caso conformar una Asamblea Constituyente.
Las principales críticas al proceso se centran en que la nueva Carta Magna no implica cambios reales en el sistema político y que se mantiene la hegemonía del PCC.