Quienes permitan actitudes de discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana dentro del sector privado estarán expuestos a multas de 2.000 pesos y la cancelación de las licencias, según las últimas disposiciones ordenadas por el Gobierno para el control de estas actividades.
La medida, amparada en el Decreto-ley No. 357, es la segunda en cuanto a gravedad entre las penalizaciones que recoge esta legislación acerca de las contravenciones personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, prevista en el artículo 7.1, inciso l, junto con otras doce causas que merecerían similar tratamiento, precisó el periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz en su blog Paquito el de Cuba.
Rodríguez Cruz saca el tema a propósito de "varios episodios de presuntos maltratos por discriminación en el sector privado" que "han llegado como quejas a medios de prensa de circulación nacional o local, y en otros casos han circulado ampliamente por las redes sociales en internet u otras publicaciones digitales".
"El uso discrecional y abusivo del llamado derecho de admisión es uno de los pretextos que con mayor frecuencia esgrimen propietarios, custodios o dependientes de establecimientos particulares para discriminar a quienes manifiesten abiertamente su orientación homosexual o identidad transgénero; sean de piel negra o mestiza; e incluso porque les parezcan, por su apariencia personal, de un estatus económico o poder adquisitivo inferior al que pretenden para su clientela", condena.
Esta semana, el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que dirige Mariela Castro Espín, declaró que estaba al tanto sobre una situación dada en el Bar Efe del Vedado, en La Habana, donde una pareja gay asegura que fue maltratada por uno de los guardias de seguridad cuando pretendían tomarse una foto besándose.
"El CENESEX está al tanto de lo ocurrido recientemente en el capitalino Bar Efe y, en consecuencia, está trabajando por conocer detalles de los hechos, asistir en el proceso a las personas que fueron afectadas e informar a las autoridades competentes", dijo en su perfil de Facebook.
Según el decreto recién publicado, "una persona afectada por una conducta discriminatoria de esta naturaleza tendría que acudir para denunciarla y probarla ante los supervisores de las direcciones integrales de Supervisión provinciales y municipales, subordinadas a los respectivos consejos de la Administración provinciales y municipales del Poder Popular (gobiernos locales)".
En las provincias de Mayabeque y Artemisa, y en otras que en su momento corresponda según las nuevas estructuras gubernamentales, "están facultados los inspectores provinciales y municipales de las direcciones de Inspección, subordinadas a las respectivas administraciones provinciales y municipales del Poder Popular".
Este paquete de legislaciones recientemente aprobado, que reúne cinco decretos-leyes del Consejo de Estado, un decreto del Consejo de Ministros y 14 resoluciones de distintos organismos de la Administración Central del Estado, debe entrar en vigor en diciembre próximo.
En su afán de ejercer mayor control sobre el sector privado y bajo el paraguas de "adecuaciones tributarias" y de otra índole, el Gobierno impuso nuevos impuestos y aunque anunció el levantamiento de la veda de las licencias más codiciadas (restaurantes y alquiler), los cubanos que aspiren a estas tendrán que aportar más documentación y cumplir más requisitos.
En cuanto al tema discriminatorio, Rodríguez Cruz considera que hay que evaluar cómo introducir normas similares para la aplicación de sanciones en las cooperativas, las empresas mixtas o privadas, y los establecimientos del sector estatal de la economía "donde también existen administraciones y trabajadores que discriminan por homofobia y transfobia, o por cualquier otra razón inaceptable en una sociedad socialista en revolución".