"El pasaporte español abre muchas puertas". Eso han comprobado los cubanos que se acogieron a la Ley de Memoria Histórica (LMH), aprovechando la nacionalidad de sus abuelos, reporta el diario El Confidencial.
Esa ventaja ha creado, sin embargo, una anomalía en la Isla, donde el Gobierno no reconoce la doble nacionalidad.
Cuando se hizo ciudadano español, el habanero Alexander dejó su trabajo de contador en una empresa estatal y comenzó a viajar como "mula" a países del Caribe y a Rusia para comprar ropas, artículos electrónicos y piezas de autos que luego vendía en la Isla.
"Con el dinero que gané, pude montar mi propio negocio (una casa para arrendar a extranjeros), algo que me hubiera resultado imposible siendo solo un 'cubano de Cuba'", dice.
Como él, gracias a la LMH, unos 140.000 cubanos han obtenido la ciudadanía española y un número similar se encuentra en trámites para hacerlo.
En enero, el Gobierno aseguró que 819.000 cubanos habían viajado al exterior desde la entrada en vigor, hace cinco años, de la regulación migratoria que eliminó el llamado permiso de salida. La versión oficial asegura que solo un 11% de esos viajeros estableció su residencia permanente en otro país, pero cualquier hijo de vecino sabe que buena parte de los incluidos en el restante 89% no viven en la Isla.
Muchos han aprovechado la posibilidad de obtener otras nacionalidades, según las leyes de los países de destino, mientras continúan regresando a la Isla cada 24 meses, como establece la ley cubana, para no perder la residencia permanente.
"La mayoría viene una o dos veces al año, por pocos días, para ver a la familia o que le atienda el médico", reconoce una funcionaria de la Dirección de Inmigración e Identificación, la dependencia del Ministerio del Interior a cargo del tema.
Las autoridades cubanas preparan actualmente una reforma constitucional cuyo anteproyecto llegará a la Asamblea Nacional este mes.
Uno de los puntos que podría incluir es el estatus de los cerca de dos millones de cubanos radicados fuera de la Isla y los cientos de miles que ostentan otra ciudadanía, pese a que la ley cubana lo prohíbe expresamente.
De hecho, todavía los reglamentos del Partido Comunista consideran inaceptable que sus militantes posean "otra ciudadanía además de la cubana". Un número indeterminado de acogidos a la Ley de Memoria Histórica debió abandonar las filas del PCC en años recientes, según El Confidencial.
Para el resto de las implicaciones, sin embargo, el Gobierno opta por desconocer su ley y seguir considerando cubanos a los emigrados cuando llegan a sus fronteras.
El embajador de La Habana en Washington, José Ramón Cabañas, echó un jarro de agua fría el mes pasado a quienes sueñan con librarse del carísimo pasaporte cubano.
"El principio por el que nos regimos es que todo cubano —y puede que tenga una segunda o una tercera ciudadanía— cuando vuelve a Cuba, en nuestra frontera, es cubano. Y no esperamos ningún cambio en ese sentido", dijo en un evento organizado por el Center for International Policy.
En otras palabras, todos los nacidos en la Isla deben contar con su pasaporte local para entrar en Cuba, incluso si llevan décadas residiendo en el exterior.
El Gobierno cubano es rutinariamente acusado de hacer negocio con los precios de los pasaportes que deben solicitar los emigrados y que oscilan entre los 180 y 310 euros, dependiendo del sitio de residencia. A eso se suma que cada dos años es obligatoria la renovación, previo pago de sumas que van desde los 90 euros hasta alrededor de 140.
La ganancia está clara si se tiene en cuenta que solo en 2017 más de 430.000 cubanoamericanos viajaron a la Isla.
"Fue a raíz de la entrada en vigor de la Ley española de la Memoria Histórica, más conocida entre nosotros como Ley de Nietos, que apareció esta duplicidad, pues los cubanos que no tenían interés de perder la ciudadanía cubana adquirieron la ciudadanía española con la finalidad de acceder con más facilidad a los trámites de salida del país", explica en un detallado estudio sobre el tema la doctora en Ciencias Jurídicas Martha Prieto Valdés, profesora de Derecho Constitucional y teoría general del Estado en la Universidad de La Habana.
Todas las constituciones promulgadas en la Isla a lo largo de su historia han tenido como principio que la "adquisición de otra ciudadanía provoca la pérdida de la ciudadanía cubana (pero) esa pérdida no es automática, ni podría serlo (…) al no existir la vía para la renuncia de la ciudadanía originaria", señala la jurista, citada por la publicación española.
A juicio de la catedrática, la solución más viable pasaría por brindar "la posibilidad de tener dos ciudadanías (…) una pasiva y otra en ejercicio", aunque con la condición de que en el territorio nacional "el cubano solo podrá ostentar, reclamar y ejercer los derechos y deberes que derivan del vínculo político-jurídico con el Estado cubano".
La decisión final que al respecto podrían adoptar quienes, encabezados por Raúl Castro, preparan la reforma constitucional, es una incógnita.
En todo caso, sería una decisión más supeditada al interés del régimen que a las normas jurídicas. Analistas como el doctor en Ciencias Jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada, han llamado la atención sobre el hecho de que la comisión encargada de la reforma no participa ningún investigador especializado en Derecho, ni siquiera están los principales directivos del Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General de la República.
