Carlos Infante y José Samuel Cantón querían ver un espectáculo en la Escalinata de Trinidad, pero acabaron durmiendo en un calabozo. ¿El motivo? Son de Cienfuegos y estaban "ilegalmente" en Sancti Spíritus, les dijo la Policía.
También son negros. Cuando los agentes se acercaron, solo pidieron la identificación de ellos.
"Uno de los oficiales nos dijo que tenían orden de poner en prisión a todo aquel que no fuera de Trinidad", cuenta Infante. "Al día siguiente nos ficharon, como criminales, y nos pusieron un acta de advertencia por estar en zona turística y ser supuestamente 'proclives a cometer actos delictivos'".
Ninguno de los dos tiene antecedentes penales. Infante, de 38 años, es artesano, y Cantón, de 29, es bailarín de un grupo de rumba.
Infante publicó lo sucedido en su muro de Facebook y mucha gente comentó haber sufrido maltratos parecidos. "Nos dijeron que era una práctica habitual de la Policía convertir Trinidad en una especie de zona libre de cubanos", cuenta.
"Qué hipocresía criticar a otras naciones por el trato a inmigrantes cuando las propias autoridades cubanas nos hacen inmigrantes en nuestro país", reflexiona Infante.
En febrero de 2017, Reiniel Eduardo Pool Rodríguez, promotor cultural, investigador patrimonial y trabajador de la Oficina del Conservador de Trinidad, vivió una experiencia parecida a la de Infante y Cantón. En su caso, lo detuvieron cuando acompañaba a visitantes extranjeros y lo acusaron de "asedio al turismo". Pasó la noche en una celda abarrotada.
Según relató, "el 95%" de los que estaban presos eran, como él, "negros y jóvenes".
Discriminación múltiple
¿Actuaron los policías de forma ilegal o las leyes cubanas los respaldan?
El abogado independiente Wilfredo Vallín recuerda el Artículo 43 de la Constitución vigente: "El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución, de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color, sexo, creencia religiosa, origen nacional, y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, se domicilien en cualquier sector, zona o barrios de las ciudades, se alojen en cualquier hotel (…) en el territorio nacional".
"Nuestra Policía tiene muy poca preparación. De haberla tenido, esos agentes se habrían negado a cumplir una orden contraria a la Constitución. Ningún oficial puede pasar por encima de esta", considera Vallín, presidente de la Asociación Jurídica de Cuba.
A juicio de Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, "las acciones de los policías violan las garantías del debido proceso, protegidas a nivel internacional, pero la legislación nacional respalda las acciones" de los agentes.
"La norma legal cubana no prevé que los detenidos sean llevados ante una autoridad judicial que determine sus derechos y obligaciones, ni si debe esperar juicio en libertad o prisión provisional", explica.
"Los policías pueden detener a cualquiera hasta 24 horas sin necesidad de confirmación por un superior o autoridad judicial. Esto les permite argumentar motivos que no estén expresamente regulados en la ley. Pueden actuar sin supervisión judicial, aplicar la ley penal como si fueran jueces y justificar actos ilegales, como una detención arbitraria, aplicando actas de advertencia, como en este caso", advierte.
Carlos Infante ha llamado la atención sobre el hecho de que los policías tenían la orden de detener a todo el que no fuera de Trinidad, pero los arrestaron a él y a José Samuel Cantón.
En la unidad policial a la cual fueron llevados "todos los detenidos eran negros. ¿No había blancos que no fueran de Trinidad?", cuestiona Vallín.
Para Diversent, es evidente que "hay dos motivos de discriminación, uno por la residencia legal y otro por el color de la piel".
"Solo La Habana tiene restricciones (Decreto 2017) al derecho circulación, que incluye la libertad de escoger dentro del territorio su residencia. Pero hemos tenido casos de otras provincias que han aplicado esta disposición legal para efectuar detenciones arbitrarias, imponer multas o limitar la libertad de movimiento", señala Diversent.
"Es bueno aclarar que el Decreto 2017 no autoriza a detener ni a deportar a una persona a su provincia de residencia. Por eso asumimos que es un exceso o abuso de poder de los agentes policiales, gracias a la discrecionalidad sin trabas antes explicada", agrega.
"Las personas afrodescendientes son más vulnerables a sufrir formas agravadas de discriminación con base en el color de su piel. Puede que todos estemos expuestos a estas arbitrariedades, pero los negros lo están el doble. Las mujeres negras, el triple", critica.
Interrogada sobre si es justo responsabilizar al Estado por los perfiles raciales que aplica la Policía, Diversent considera que sí.
"Cualquier comportamiento de un órgano del Estado o de una persona o entidad, facultada para ejercer atribuciones del poder público que se extralimite en sus atribuciones o contravenga las instrucciones del Estado (…) genera responsabilidad para el mismo. El Estado debe responder por las acciones u omisiones de sus sistemas de órganos, aunque estos actúen arbitrariamente".
El sistema legal fomenta la desprotección
En cuanto a qué pueden hacer los ciudadanos cubanos ante manifestaciones de discriminación, Diversent aclara que "la legislación contra la discriminación es reducida y no cubre todos los ámbitos regulados en los instrumentos internacionales de derechos humanos".
"El Artículo 295.1 del Código Penal protege contra la discriminación en el ejercicio de los derechos de igualdad establecidos en los Artículos 41 y 42 de la Constitución, incluyendo la residencia y el color de la piel como motivos de discriminación. Pero excluye otros, como la discapacidad, la orientación sexual y la opinión política o de otra índole".
Infante y Cantón "pueden presentar una denuncia ante las autoridades, en virtud del artículo del Código Penal (…) pero es poco probable que un policía acepte una denuncia contra otro policía", lamenta.
Vallín recuerda, por su parte, que la Fiscalía "es el órgano garante de la legalidad en Cuba, obligado a proteger los derechos de los ciudadanos".
Sin embargo, "en innumerables ocasiones le hemos escrito cartas para que pida cuentas a policías que han violado derechos ciudadanos, sin recibir respuesta", indica.
Según Diversent, Cubalex "ha presentado denuncias en las instituciones nacionales alegando motivos de discriminación racial, especialmente en casos de solicitud de procedimientos de revisión penal en los cuales es evidente que las autoridades utilizaron el perfil racial para la identificación y procesamiento de los acusados".
"También presenciamos el juicio contra un expolicía que privó de la vida a un adolescente de 14 años con un disparo. El motivo racial era evidente, pero fue ignorado por el tribunal".
Carlos Infante y su amigo no presentaron denuncia, pero enviaron cartas a los diarios oficiales Granma y Juventud Rebelde.
El año pasado, una joven negra, estudiante de Derecho, denunció al chofer de un taxi particular por una ofensa racista. El conductor fue detenido. El periódico Trabajadores publicó dos artículos al respecto y la Fiscalía General impuso una sanción económica.
Infante y Cantón, sin embargo, nunca obtuvieron respuesta de los periódicos. Lo que sí recibieron fue una amenaza de la Policía: si regresan a Trinidad irán presos.