Activistas de la comunidad LGBTIQ de la Isla lanzaron una campaña en internet de recogida de firmas con un total de once demandas. Este colectivo pretende "hacerse escuchar" teniendo en cuenta "la anunciada revisión de la Constitución de la República de Cuba".
Se trata de varias cuestiones que consideran que deber ser "incluidas en las transformaciones que precisa la Carta Magna de nuestra República para garantizar la equidad y calidad de ciudadanía de todos los seres humanos en nuestra sociedad".
En primer lugar, los activistas reclaman "libertad de asociación con amparo legal, que estimule el crecimiento y organización de la sociedad civil sensibilizada con la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ" en Cuba.
Como segunda demanda piden el "libre acceso a los medios de comunicación para desarrollar campañas públicas contra la discriminación, amplificar las demandas, visibilizar la realidad y problemáticas de las personas LGBTIQ, y para construir comunidad".
Igualmente, demandan "apoyo explícito por parte de funcionarios públicos, diputados a la asamblea nacional y decisores de políticas hacia la condición de las personas LGBTIQ, así como el reconocimiento del acoso sufrido por este grupo, y disculpas públicas como única vía de reparación histórica".
Exigen una "legislación sustantiva que legitime los derechos de las personas LGBTIQ y se proteja de manera efectiva de las discriminaciones en los ámbitos públicos, institucionales, familiares, así como servicios públicos de la economía estatal y privada, insertada en una Ley General contra las Discriminaciones".
En tal sentido, abogan por un "reconocimiento legal de las familias homoparentales, base fundamental para una necesaria legalización futura de la adopción y acceso a los métodos de reproducción asistida".
Esto va directamente relacionado con que se garantice "un reconocimiento de las uniones legales (matrimonio igualitario) en parejas de homosexuales".
Cómo séptima demanda, contemplan "propiciar investigaciones públicas que describan la situación de los individuos LGBTIQ, así como la estructura de sus posibles familias, sus necesidades y aspiraciones".
Además aspiran a "acceso de las personas transgénero fuera de la capital cubana, a tratamientos especializados y terapias hormonales en sus propios territorios, y en sus propios términos", así como "incorporar temas sobre diversidad sexual en todos los niveles de enseñanza pública".
Por último piden la implementación de "programas de capacitación y sensibilización hacia las personas LGBTIQ dirigidos a los miembros de la PNR y demás autoridades responsables de hacer cumplir la ley", así como la "capacitación a los profesionales de la salud sobre diversidad sexual y reproductiva para la asistencia efectiva a personas LGBTIQ".
La Isla continúa en la cola de los derechos de este colectivo en un continente donde países como Colombia o Chile están a la vanguardia.
En un país que ha presumido de haber hecho una revolución, de nada ha valido que sea la hija de Raúl Castro quien defienda la causa del matrimonio homosexual.
Mariela Castro, que dirige el estatal CENESEX, declaró hace algunos meses que tiene preparado un proyecto de ley que modificaría el Código de Familia vigente, aunque no ha dado detalles de qué se trata.
En una entrevista, la diputada se escudó en que "las leyes no logran modificar los prejuicios ni las conciencias" para justificar la ausencia de una legislación para el matrimonio entre parejas del mismo sexo en la Isla.
Dijo en esas mismas declaraciones que "Cuba no ha adoptado una ley a favor del matrimonio homosexual porque no se puede repetir lo que hacen otros" y porque, además, esto no asegura "el fin de los crímenes de odio hacia ese grupo".