El Gobierno dice que este año recibió "cinco controles externos a la seguridad de los vuelos internacionales" que parten de sus aeropuertos y que obtuvo una "calificación de excelencia", recogió este viernes el periódico oficial Trabajadores.
Pedro Miguel Pérez Betancourt, jefe de la Aduana General de la República (AGR), afirmó en conferencia de prensa que esa "es una de las prioridades del trabajo de esa entidad, como parte de su misión de impedir cualquier acción terrorista, tanto dentro como hacia fuera del país".
El medio no precisa quiénes habrían realizado las comprobaciones y entregado la mencionada certificación de "excelencia".
Las autoridades aduaneras indicaron además que desde finales de 2015 tienen "un órgano específico para garantizar la seguridad en salida desde las fronteras" cubanas.
Camilo Barrios Abreu, director de Enfrentamiento de la AGR, celebró que hay un "fortalecimiento del control a la salida internacional, a partir de la especialización de las fuerzas, que hoy exhibe estándares de seguridad".
Según el directivo, esto ha sido reconocido por la Administración para la Seguridad en el Transporte (TSA) de EEUU.
El medio defiende que entre "los rasgos actuales del escenario en que opera la AGR", se cuentan un "mayor número de viajeros llegados al país, un incremento significativo del turismo y el aumento del nivel de operaciones aéreas, así como del arribo de cruceros y yates".
Otros factores que, según la publicación estatal, hacen más compleja la labor de la Aduana son los nuevos modos de operar los controles y el incremento de hechos terroristas en países cuyas aerolíneas vuelan a la Isla.
A finales de octubre, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó un proyecto de ley para impulsar la seguridad aeroportuaria en Cuba, donde los vuelos comerciales de EEUU han estado aterrizando durante más de un año.
Los legisladores aprobaron mediante votación oral este proyecto que requeriría que la TSA evalúe cada uno de los diez aeropuertos internacionales de la Isla e informe al Congreso al respecto.
La nueva iniciativa legislativa requeriría a las aerolíneas estadounidenses que operan itinerarios hacia la Isla que hicieran públicos sus contratos con La Habana. Algunas de estas compañías pagan a una agencia controlada por el Gobierno cubano para que se encargue, con sus propios empleados, de sus operaciones en tierra.
En junio de 2016 La Habana negó la entrada a la Isla a una delegación de legisladores para inspeccionar ellos mismos los aeropuertos.