Las nuevas medidas migratorias cubanas han sido anunciadas en primicia desde Washington y ante cubanos residentes en la diáspora, como si se tratara de una campaña electoral en la que el régimen compitiera con el Gobierno de EEUU.
El canciller Bruno Rodríguez clausuró allí el IV Encuentro de Cubanos Residentes en el Exilio y el anuncio le sirvió para lanzarse a la comparación con la política estadounidense: el Gobierno representado por él avanza allí donde el de EEUU retrocede.
Ahora que los ciudadanos de la Isla necesitan viajar hasta Colombia para solicitar una visa estadounidense, las nuevas medidas de La Habana libran de la "habilitación" del pasaporte a los cubanos residentes en el extranjero, les permiten arribar a su tierra natal en barcos de recreo, despenalizan algunos casos que tenían prohibida la entrada en el país (siguen penalizados otros) y facilitan la nacionalización de niños nacidos fuera de Cuba.
La política migratoria cubana está dictada, no por los derechos y necesidades de los ciudadanos de dentro y fuera de la Isla, sino por el margen de maniobras que EEUU deja a un régimen liberticida. Estas y más "actualizaciones" en materia migratoria podían haber constituido la respuesta oficial al restablecimiento de relaciones ocurrido bajo la Administración Obama. Sin embargo, la respuesta del régimen de Raúl Castro fue entonces lo más rácana posible y, creyendo aseguradas las ventajas que la nueva política le brindaba, se dedicó a frenar sus reformas.
Poco importa a las autoridades de La Habana que los cubanos tengan que irse lejos en pos de una visa estadounidense. Ahora bien, si Washington dificulta los trámites migratorios a la gente de la Isla, ellas facilitan la vuelta de los emigrados. Porque una jugada así podría funcionar como campaña propagandística (en unos días se celebrará en la ONU otra votación contra el embargo) y ayudaría a paliar la ausencia del turismo estadounidense, tan imprescindible a la economía nacional.
Resulta paradójico que sea el endurecimiento en las relaciones promulgado por el presidente Trump quien vaya a abrir las marinas cubanas a las embarcaciones de los emigrados y haga algo menos engorrosos los trámites de aquellos que regresan al país.
¿Entonces estaba equivocado Obama?, cabría preguntarse.
La discusión acerca de cuál política de EEUU podría despertar mayores cambios positivos en la sociedad cubana es extensa y continuará abierta. Aunque, cualquiera que sea la opinión que se defienda en ella, resulta indudable que los cubanos de la Isla, así como los reunidos en Washington con el canciller Rodríguez y aquellos que no accederían a reunirse con tal personero, no somos más que peones utilizados por el régimen en su cansino enfrentamiento con EEUU.
No valemos más que como carne de cañón diplomático, las reformas anunciadas resultan sumamente escasas y todavía faltan por recuperar muchos derechos.